La clausura de varias guarderías, un kínder y una primaria en San Luis Potosí encendió las alertas sobre una práctica grave: la falsificación de documentos oficiales que, de acuerdo con autoridades municipales, puso en riesgo a cerca de 700 menores.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que durante un operativo reciente se detectaron licencias de funcionamiento y dictámenes de Protección Civil apócrifos en distintos centros educativos privados, lo que derivó en la suspensión inmediata de actividades. La irregularidad no es menor: algunos de estos espacios atendían incluso a bebés desde los 45 días de nacidos, sin garantías mínimas de seguridad.
“Imaginen ustedes una guardería con documentos falsos… son causas muy graves”, advirtió el edil, al subrayar la dimensión del riesgo que implican este tipo de prácticas.
El presidente municipal respaldó la actuación de las Direcciones de Comercio y Protección Civil, destacando que la intervención se realizó de manera oportuna para evitar posibles accidentes. En al menos dos casos, adelantó, la clausura será definitiva, ya que no existen condiciones para que estos establecimientos continúen operando tras las irregularidades detectadas.
Además de las sanciones administrativas, el Ayuntamiento ya inició el proceso para presentar denuncias penales contra quienes resulten responsables. La falsificación de documentos oficiales, especialmente aquellos relacionados con medidas de seguridad, configura un delito que podría derivar en consecuencias legales severas.
Galindo Ceballos también lanzó un llamado a otros centros educativos privados para revisar y regularizar su documentación, al advertir que algunos podrían haber sido víctimas de intermediarios que comercializan papeles falsos. “Lo mejor es que se acerquen a la autoridad. Nosotros tenemos que actuar para que no suceda una tragedia”, señaló.
El operativo, realizado durante el fin de semana, permitió además identificar una posible red de irregularidades basada en el uso e intercambio de documentos apócrifos entre instituciones educativas, lo que amplía el alcance del problema y refuerza la necesidad de una supervisión más estricta.
Las clausuras no solo exhiben fallas en el cumplimiento normativo, sino que colocan en el centro del debate la seguridad de niñas y niños en espacios que, por definición, deberían ser los más protegidos.
