Luego de un trágico incidente en el club nocturno Rich que resultó en la muerte de dos jóvenes y dejó a otros 15 heridos, las autoridades han clausurado cuatro establecimientos nocturnos operados por los mismos dueños.
El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que se está evaluando la situación de ocho personas lesionadas en el incidente, dos de ellas en estado grave. Seis se encuentran estables y uno ya ha sido dado de alta, mientras que se espera que los demás sean dados de alta pronto.
Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, señaló que la Plaza Altus, donde se encontraba el club Rich, operaba sin los permisos estatales necesarios y carecía de medidas de seguridad básicas como brigadistas, extintores y salidas de emergencia. Además, el local tenía una capacidad para 250 personas pero albergaba a más de 500 al momento del incidente.
En una inspección realizada el 14 de marzo tras una denuncia ciudadana, se descubrieron estas irregularidades, y aunque los propietarios presentaron un recurso jurídico, no cumplieron con las normas de seguridad exigidas.
La Fiscalía del Estado está colaborando con Protección Civil para asegurar que el caso no quede impune y ha ordenado intensificar los operativos de revisión en establecimientos nocturnos para garantizar la seguridad de los usuarios.
Congreso exige justicia por caso Rich
El diputado José Luis Fernández Martínez, del Partido Verde, demandó que se aplique todo el peso de la ley a los responsables de la tragedia en el club Rich. Señaló que tanto los empresarios como las autoridades municipales deben enfrentar consecuencias por las omisiones y complicidades que permitieron que ocurriera el incidente.
Fernández criticó la respuesta del ayuntamiento, subrayando que la falta de aplicación de las normas permitió la tragedia. También destacó la presencia de menores de edad entre las víctimas, algo que podría haberse evitado con una correcta aplicación de las leyes.
El diputado hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que investigue a fondo y sancione a los responsables, asegurando que el Congreso estará vigilante para garantizar que se haga justicia y se establezcan precedentes para evitar futuras tragedias similares.
