CNDH asegura a familiares que no permitirá ‘carpetazo’ al caso Chalchihuapan

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La señora Elia Tamayo, mamá del menor asesinado el 9 de julio de 2014 protestó en las rejas de la CNDH en la Ciudad de México. 

 Tras ordenar la emisión de medidas cautelares para que cese el acoso a las víctimas y familiares de las víctimas a un año de las protestas y el respectivo operativo en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan que cobró la vida del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aclara que “aún quedan pendientes de cumplimiento cinco de los once puntos recomendatorios, particularmente lo relativo a la determinación definitiva de las responsabilidades de los servidores públicos involucrados y la sanción.”

En entrevista con Noticias Mvs, yo lo que estoy reclamando es justicia porque no es justo lo que estamos viviendo, hay personas inocentes encarceladas y los que cometieron el crimen siguen libres. Yo pido que esto no vuelva a repetirse, ya basta de tanta muerte y que no pase nada,” dijo la señora Elia Tamayo, mama del menor asesinado el 9 de julio de 2014 y quien protestó en las rejas de la CNDH en la Ciudad de México. Al ser atendid por el Sexto Visitador General del organismo, Jorge Ulises Carmona Tinoco, la CNDH confirmó que se continuará con un seguimiento escrupuloso de los puntos recomendatorios sobre el caso  Chalchihuapan “hasta su total cumplimiento.”

La CNDH reiteró su llamado al Gobierno del Estado de Puebla para cumpla la Recomendación 2VG “en su totalidad”, e insiste en que “no permitirá que se dé carpetazo, en tanto no sean atendidos a cabalidad todos los puntos recomendatorios.”

Asimismo, se precisó que la CNDH emitirá medidas cautelares al Gobierno de Puebla, “para que cese el acoso contra las víctimas y se atienda la salud de los pobladores que se encuentran en prisión.”

La CNDH reitera que “aún está pendiente” el que se informe sobre las sanciones administrativas y/o penales definitivas que hayan sido impuestas a los servidores públicos involucrados, así como la reparación del daño, ya que está en estudio la determinación de los criterios utilizados para fijar los montos asignados a las víctimas.

Además, en consideración del Ombudsman nacional, el acto de disculpa pública hacia las víctimas realizado por el gobierno del estado de Puebla “no se ajustó a los estándares internacionales, por lo que este punto también se encuentra pendiente de cumplimiento.”

Cabe señalar que a la reunión se sumaron autoridades poblanas de la Procuraduría General de Justicia, de la Secretaría de la Contraloría y de la Fiscalía Especializada para el Esclarecimiento de los Hechos del Caso Chalchihuapan. Los funcionarios dijeron que se han iniciado los procedimientos administrativos de investigación contra el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla que participó en los hechos.

Además, se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno y el Protocolo para la Búsqueda de Soluciones Pacíficas, el Diálogo y el Respeto a los Derechos Humanos, para una intervención en la solución pacífica de los conflictos.

Asimismo, el gobierno entregó equipos de video y audio a los cuerpos de seguridad, para que registren su conducta a la hora de realizar operativos, e implementó programas de capacitación en Derechos Humanos y Uso Legítimo de la Fuerza para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La señora Tamayo, quien estuvo acompañada por el activista de los derechos de la infancia Alan Jiménez (quien recordó que la llamada “Ley Bala” sigue vigente) y la señora Araceli Bautista, madre del expresidente auxiliar de Chalchihuapan, expresó su demanda de justicia, así como la libertad de los pobladores que están en prisión por este caso. “Confiamos en la CNDH y en que se pueda alcanzar la justicia”, dijeron los inconformes al final de la reunión.

Cabe destacar que hasta el 19 de julio, se realizarán diversos actos en memoria y reclamo de verdad y justicia por la muerte del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, pues “la justicia no llega para la familia Tamayo ni para los nueve pobladores, entre ellos dos que perdieron la vista y el habla, en la represión instrumentada por el gobierno de Rafael Moreno Valle.”

Como se recordará, el 9 de julio de 2014, el escolar de 13 años José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, murió tras recibir el impacto de un artefacto lanzado desde la barrera formada por policías estatales tras salir de la escuela y atravesar un bloqueo de vecinos sobre la autopista que comunica a Puebla con Atlixco con el que exigían la reactivación del servicio del registro civil.

El adolescente falleció 10 días después, tras agonizar en el Hospital General del Sur de la ciudad de Puebla, entre señalamientos de testigos de que el menor había recibido un impacto de bala de goma en la cabeza. Facundo Rosas Rosas, actual secretario de Seguridad de Seguridad Pública estatal, estuvo al mando de unos 500 granaderos en el operativo.

Fuente: Noticias MVS.

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