El Radar por Jesús Aguilar X @jesusaguilarslp
Durante años, la narrativa oficial habló de una coalición sólida, cohesionada por un proyecto común. Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo parecían operar bajo una lógica de bloque: disciplina legislativa, votos alineados, agenda compartida.
Nadie olvida el beso en la mano de Claudia a Manuel Velasco…
Hoy esa unidad muestra fisuras.
Y la pregunta relevante no es si hay tensiones —eso es normal en política—, sino ¿qué revelan esas tensiones sobre el tipo de poder que se está construyendo en México?
El debate público gira alrededor de la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum. Pero el dilema de fondo es otro:
¿estamos frente a una discusión genuina sobre austeridad y transparencia… o ante una disputa interna por recursos, control territorial y supervivencia política?
No es solo una reforma: son dos proyectos chocando
Formalmente, la reforma tiene dos ejes centrales:
1. Reducir el financiamiento público a los partidos políticos.
2. Modificar los mecanismos de organización y reporte de resultados electorales, incluyendo la eventual desaparición del PREP.
En el discurso, el planteamiento es potente: menos dinero para partidos, más eficiencia institucional, combate a privilegios.
Pero en política, el discurso siempre convive con la estructura real de incentivos.
Y ahí aparece el primer dato que cambia la conversación.
Semanas antes de que la reforma electoral llegara formalmente al Congreso, el PT logró asegurar 828 millones de pesos para la operación de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), un proyecto históricamente vinculado a su estructura política.
Esto no es ilegal.
Pero sí es políticamente revelador.
Significa que, antes de debatir recortes, uno de los aliados ya había blindado una porción sustantiva de recursos.
No es resistencia ideológica: es preservación estratégica.
La negociación adelantada
En lenguaje simple:
antes de que iniciara la “pelea grande” sobre el financiamiento a partidos, algunos actores ya habían asegurado su parte.
Eso explica por qué hoy el PT y sectores del Verde muestran firmeza frente a cualquier reducción de prerrogativas.
No están defendiendo una abstracción democrática.
Están defendiendo activos concretos: redes, programas, estructuras territoriales.
Y aquí aparece la pregunta incómoda:
¿La coalición es un proyecto político común… o un contrato de administración de recursos?
El PREP: técnica vs. percepción
La eventual desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ha sido presentada como un ajuste técnico.
Pero el PREP nunca fue solo técnica.
Desde su creación, funcionó como un mecanismo de legitimación simbólica:
la noche electoral dejó de ser rumor para convertirse en información visible, procesada y publicada en tiempo real.
Eliminarlo sin presentar una alternativa igual o más clara no fortalece la confianza; la debilita.
Incluso voces institucionales cercanas al oficialismo, como la consejera presidenta Guadalupe Taddei, han advertido que cualquier modificación debe preservar certeza y credibilidad.
En política electoral, la percepción es parte de la estabilidad.
Reducir costos puede ser razonable.
Reducir confianza, no.
El componente territorial: San Luis como ejemplo
La dimensión local ayuda a entender el tablero nacional.
San Luis Potosí es hoy una pieza estratégica en la aritmética legislativa federal. Sus votos pesan en mayorías constitucionales.
Pero también es un territorio donde las redes políticas —familiares, de lealtad, de estructura— siguen siendo decisivas.
Cuando Luisa María Alcalde coloca sobre la mesa el tema del nepotismo dentro de Morena, no está haciendo una declaración retórica: está tocando fibras reales de construcción de poder.
Si las reglas internas se aplican con rigor, muchas estructuras locales se reconfiguran.
Si no se aplican, la narrativa ética pierde fuerza nacional.
Ese es el dilema silencioso.
No es solo dinero.
Es control de candidaturas.
Es control territorial.
Es futuro político.
Entonces, ¿qué está realmente en juego?
No es una disputa menor entre aliados incómodos.
Es la tensión clásica entre dos lógicas:
• Credibilidad institucional.
• Control político de recursos y estructuras.
La reforma electoral puede presentarse como un ejercicio de austeridad democrática.
Pero si en paralelo existen negociaciones adelantadas, blindajes presupuestales y defensa territorial de prerrogativas, el debate deja de ser técnico y se vuelve estructural.
Y ahí es donde la ciudadanía debería poner atención.
Lo que permanece
Las coaliciones no se fracturan por diferencias ideológicas profundas;
se fracturan cuando el equilibrio de beneficios cambia.
La pregunta que vale la pena hacerse no es si el Verde y el PT están “traicionando” o no.
La pregunta es más seria:
¿Estamos construyendo instituciones que sobrevivan a los acuerdos coyunturales…
o simplemente estamos redistribuyendo el control del sistema?
Porque dentro de cinco años, lo que recordaremos no será quién negoció mejor.
Recordaremos si las reglas fortalecieron la confianza democrática…
o si la erosionaron lentamente mientras discutíamos presupuestos.
Ese es el punto verdadero en el Radar.
