El Radar
Por Jesús Aguilar
El campo potosino vive tiempos oscuros. Pero no se trata de un abandono accidental ni de una simple omisión gubernamental. Lo que ocurre en ejidos y comunidades rurales de San Luis Potosí es un saqueo institucionalizado, un sistema de control y extorsión operado desde las estructuras agrarias federales con la protección de intereses políticos ajenos a la entidad. No estamos hablando de errores: hablamos de una maquinaria bien aceitada que reparte poder, impunidad y dinero.
Ahí están los casos del Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria, dos instituciones supuestamente creadas para garantizar justicia en el campo, pero que en San Luis funcionan como verdaderas franquicias de los cacicazgos zacatecanos. ¿El operador principal? Ismael Carrillo Ávila, delegado del RAN, impuesto y sostenido por los senadores Ricardo Monreal Ávila y José Narro Céspedes, este último conocido terrateniente y operador político que ha hecho del sector agrario un bastión de control electoral, clientelar y económico.
Los Radares recientes (“¿Qué es el RAN en San Luis? Registro abusivo y nepotista” y “Los guardianes del ejido que cobran por protegerlo”) no dejan lugar a dudas: el RAN se ha convertido en una oficina de trámites caros, tardíos, opacos, y en ocasiones, extorsivos. Quien no se alinea con el delegado o sus redes, simplemente no obtiene respuesta. Las denuncias ciudadanas se acumulan, las irregularidades son ya sistemáticas, y el discurso de transformación se esfuma entre firmas falsificadas, manipulaciones de padrones y favoritismos descarados.
Peor aún: la Procuraduría Agraria, que debería ser el contrapeso natural de este tipo de abusos, aparece como cómplice o, al menos, como testigo mudo del despojo. Sus visitas a los ejidos se han vuelto esporádicas, muchas veces selectivas, y con más frecuencia de lo deseable, acompañadas por asesores o “representantes” que no cobran por su tiempo, sino por la “protección” que otorgan. Una nueva clase de intermediarios ha nacido en San Luis, los guardianes del ejido, como los llama atinadamente el reportaje: operadores políticos que cobran cuotas no oficiales por hacer valer supuestos derechos que el Estado debería garantizar gratuitamente.
Y entonces la pregunta inevitable: ¿cómo es que el gobierno estatal permite semejante descomposición sin intervenir? ¿Por qué el gobernador Ricardo Gallardo no interviene frente a este control externo del aparato agrario federal en su territorio? ¿Qué estará pasando para tolerar esta intrusión y sus efectos devastadores en el tejido social rural?
¿Qué impide que las autoridades locales de la 4T no puedan proceder a depurar lo que hoy los lastima?
Una posible respuesta apunta hacia el norte, pero también hacia las alturas del poder morenista. Desde Zacatecas, el ex senador y ahora diputado federal José Narro Céspedes ha tejido esta red de operadores.
Narro, nacido en Tamaulipas, es uno de estos personajes todo terreno que ya ejerció como diputado local en Zacatecas, asambleísta en la Ciudad de México, Senador por Zacatecas y ahora diputado federal pluri. Pero por encima de él, en la cúspide, está el jefe de los diputados federales cuatroteístas Ricardo Monreal Ávila. Monreal, viejo operador de poder, un personaje que ha sabido insertarse como cabeza de una estructura nacional que mantiene piezas en puntos estratégicos.
Su capacidad de presión dentro del Senado primero y ahora en San Lázaro y su control de cuotas al interior de Morena hacen que delegados como Ismael Carrillo gocen de protección blindada, incluso frente al cúmulo de señalamientos públicos.
¿Dónde está Monreal mientras se hunden estas instituciones? De gira por Europa, más precisamente en España, como documentó el diario Reforma, donde se dejó ver en lujosos hoteles y restaurantes mientras sus operadores, en México, siguen drenando las estructuras públicas.
El cinismo ya no es velado, es descarado.
¿Y qué nos dice esto del sistema político mexicano?
Que la protección a personajes impresentables no es una anomalía, sino parte del diseño.
Que mientras más leales sean al padrino político, menos importa su desempeño.
Que el problema no es sólo que existan estas redes, sino que no haya voluntad para desmantelarlas desde el centro.
San Luis Potosí merece respeto institucional. El campo potosino merece justicia y autonomía. Si el Estado mexicano no es capaz de garantizar eso, entonces seguimos atrapados en una simulación de cambio que sólo cambió de nombres… pero no de vicios.
Finalmente, en el ejercicio de responsabilidad periodística y ante los señalamientos públicos, extendí personalmente una invitación al delegado del RAN en San Luis Potosí, Ismael Carrillo Ávila, para que acudiera a una entrevista abierta en mi noticiero de radio en MG Comunicación.
Su respuesta fue que desde oficinas “centrales” no le autorizaron responder. Esa evasión, más que blindarlo, lo hunde aún más en el abismo de la falta de respuestas y agiliza la cuenta regresiva para su inminente salida.
