Estela Ambriz Delgado
Este domingo 7 de junio se llevaron a cabo manifestaciones pacíficas en contra del fracking en los municipios de Tancanhuitz y San Antonio, con participación de los pueblos tének y náhuatl de estos, así como de Aquismón, Coxcatlán, Huehutlán, Tampamolón, las cuales concluyeron con la toma de 11 acuerdos para la protección del territorio, el agua, y la autonomía indígena, como el castigo electoral en 2027.
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) y el Colectivo Jól Dhut’ – Timél Ja’ informaron sobre los planteamientos y acuerdos tomados en estas movilizaciones, que se realizaron pese al clima y las limitaciones de recursos económicos con la asistencia de alrededor de 300 personas, encabezadas por representaciones indígenas nacionales, estatales y locales.
Esto ante la amenaza de imposición del Gobierno Federal de proyectos energéticos plasmados en el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 en parte de la Huasteca Potosina, por lo que exigen que se cese la simulación de un posible “fracking sustentable” que analiza el comité científico designado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Juan Felipe Cisneros Sánchez, del OIM, destacó que Tancanhuitz y San Antonio fueron los municipios que nuevamente reaccionaron ante la amenaza de la exploración y explotación de gas y petróleo que Pemex pretende desarrollar.
Aunque estos planes son estudiados por el grupo presidencial de expertos, dijo que es evidente la inclinación del comité, pues al estar conformado en su mayoría por especialistas involucrados en la esfera corporativa petrolera, tienden a privilegiar la ganancia sobre los derechos territoriales e históricos de la población indígena.
Indicó que de este modo buscan a toda costa justificar la imposición de la fracturación hidráulica bajo el pretexto de la “soberanía energética”, a pesar de que la presidenta de la República se comprometió en campaña a prohibir esta técnica extractiva por causar daños estructurales al medio ambiente y a la vida.
Es por ello que, en las asambleas posteriores a las movilizaciones, se tomaron 11 acuerdos. En primer lugar, se niega el consentimiento indígena para la exploración o explotación del subsuelo —gas, petróleo, minería—, y no se permitirán los cambios de uso de suelo.
Demandan al Gobierno Federal y a la Presidencia de la República cumplir los compromisos de campaña para prohibir en la ley el fracking y la minería a cielo abierto en todo el país; así como salvaguardar su autonomía indígena, negándose a firmar actas y minutas, además de no recibir apoyos gubernamentales que impliquen —de forma implícita o explícita— ceder sus recursos o su autonomía de decisión.
De igual forma, consensuaron la protección del acuífero cárstico, ya que debido a la geología cárstica o porosa de la Huasteca, las corrientes de agua están interconectadas. Pare ello se prohíbe en los estatutos comunitarios el uso o venta de agua para fines de hidrocarburos o minería, registrando estas modificaciones ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
Se desconoce y declara nula cualquier consulta simulada que organicen la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la ASEA, Pemex o entes privados mediante internet o asambleas con líderes cooptados, puesto que las asambleas legítimas ya han determinado su no consentimiento.
Asimismo, las comunidades se oponen tajantemente a la reforma energética y a los planes de Pemex, y rechazan ser catalogadas como una “población de sacrificio” en aras del desarrollo industrial. Por ello también acuerdan expulsar de forma pacífica a cualquier técnico o empresa que ingrese a sus tierras a realizar estudios geológicos o levantamientos topográficos.
Además, condicionan su participación en las elecciones si los poderes Ejecutivo y Legislativo continúan negándose a prohibir la devastadora técnica en la ley; y advierten también que no se dará ni un solo voto a partidos políticos que apoyen o promuevan el extractivismo.
Exigen al Congreso del Estado y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) la armonización legislativa para que las comunidades puedan elegir a sus autoridades municipales mediante sus sistemas normativos internos, y advierten que de ser excluidos, se opondrán activamente al proceso electoral 2027.
Como acuerdo final, establecen un tejido de comunicación entre las distintas etnias para activar la movilización regional y la defensa jurídica colectiva ante cualquier intento de expropiación o ingreso de maquinaria pesada bajo la premisa de “utilidad pública”.
“Las comunidades dejan en claro que la ‘utilidad públic’ argumentada por el Gobierno Federal termina estrictamente donde empieza el derecho humano a la existencia de los pueblos indígenas”, apuntó Cisneros Sánchez.
Subrayó también que para dimensionar la importancia de estas movilizaciones indígenas, activas desde marzo de este año, hay que considerar que se realizan sin apoyos externos de ninguna índole, sustentándose exclusivamente en sus propias estructuras organizativas.
“Pese a la efervescencia política que vive la región por la proximidad del proceso electoral de 2027, las comunidades no han permitido la intromisión de los partidos políticos en sus movilizaciones. Asimismo, el profundo respeto que le tienen a la titular del Ejecutivo Federal no les impide exigirle que cumpla con la palabra empeñada, un valor supremo en la cosmovisión indígena: si no sostienes tu palabra, no eres nadie”.
Por su parte, el Colectivo Jól Dhut’ – Timél Ja’ señaló la falta de una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe, como lo establece la ley, en contraste con la creación de un comité científico a modo para avalar la decisión del Ejecutivo.
De igual forma, apuntó que el Estado tiene mayoría en el Congreso y sigue negándose a plasmar la prohibición de la devastadora técnica en la ley, por lo que no es olvido, es una decisión “necropolítica” para continuar la fractura hidráulica como metáfora y tecnología de despojo.
Comunidades indígenas de SLP advierten castigo electoral en 2027 por impulso al fracking
