Una madre de familia de la región Huasteca denunció públicamente la impunidad que envuelve el caso de abuso sexual contra sus tres hijas, agredidas en 2022 cuando tenían 13, 10 y 7 años. El presunto responsable, su entonces pareja sentimental, habría sido confirmado como agresor mediante peritajes y valoraciones médicas. Pese a ello, la investigación continúa sin avances ni detenciones.
Las consecuencias psicológicas en las menores son profundas y persistentes. La hija mayor presenta depresión, ansiedad y conductas de autolesión; ha intentado quitarse la vida en dos ocasiones y su madre no puede dejarla sola. Otra de las niñas se arranca el cabello, no tolera la cercanía de hombres y enfrenta severos problemas emocionales. La más pequeña, que al momento de los hechos tenía siete años, muestra retraimiento extremo, miedo constante y un marcado deterioro en su rendimiento escolar.
La denunciante señaló que el señalado ha intentado intimidarla y en distintas ocasiones le habría ofrecido dinero para retirar la denuncia. El sujeto pasaba frente al domicilio familiar, lo que provocaba crisis de pánico en las niñas. La familia se vio obligada a abandonar su vivienda durante un tiempo. La madre añadió que el hombre trabajó en el sector salud y que tendría familiares o conocidos dentro de instancias de procuración de justicia, lo que —a su consideración— pudo haber influido en la parálisis del caso.
El testimonio refleja una de las características más comunes del abuso sexual infantil: el agresor forma parte del círculo íntimo de la víctima. También evidencia las secuelas que estas agresiones dejan cuando la justicia no llega. La madre sostuvo que no dejará de alzar la voz hasta que el caso sea atendido.
