San Juan. Una poderosa pandilla se ha apoderado de numerosas comunidades en el centro de Haití en las últimas semanas, matando al menos a 69 personas y obligando a las autoridades a abandonar varias comisarías, denunció el viernes Naciones Unidas.
Otras 83 personas resultaron heridas en medio de un aumento de la violencia reportado en el Valle de Artibonite, que las autoridades culpan a una pandilla local llamada “Baz Gran Grif”, que se traduce aproximadamente como “La Gran Garra”.
La pandilla ha “establecido un clima de terror, caracterizado por saqueos, asesinatos, secuestros, destrucción, extorsión, robo de bienes y camiones con violencia y actos de violación de niñas y mujeres”, informó la Oficina Integrada de Naciones Unidas para Haití (BINUH).
La BINUH se dijo “alarmada por la velocidad con que la pandilla ha extendido sus actividades a nuevas áreas y por la huida de la policía en múltiples comunidades”.
La pandilla es acusada de matar a siete agentes de la Policía Nacional de Haití en un solo día a finales de enero, como parte de los continuos ataques que obligaron a un hospital que atiende a unas 700 mil personas en la región a suspender todos los servicios hace una semana. Las escuelas también permanecen cerradas y la actividad comercial y el transporte público han disminuido, de acuerdo con la ONU.
La actividad de las pandillas se había limitado prácticamente a Puerto Príncipe, con bandas que controlaban aproximadamente el 60% de la capital, pero se han tornado cada vez más poderosas y violentas en otros lugares del país.
Funcionarios de Naciones Unidas señalan que miles de habitantes de las comunidades centrales de Liancourt, Verrettes, Petite Rivière de l ’Artibonite y Estère han huido a otros vecindarios a fin de huir de la violencia en curso.
“Este ciclo de violencia debe detenerse absolutamente”, sostuvo la BINUH. “Instamos a las autoridades a hacer todo lo posible para proteger a los habitantes de la región y sus propiedades”.
El alza de la violencia en la región central de Haití sucede cuando el primer ministro, Ariel Henry, sigue instando por el despliegue de tropas extranjeras, una petición que se hizo por primera vez en octubre. En cambio, la comunidad internacional ha optado por imponer sanciones y enviar equipo militar y otros recursos.
La Jornada
