San Luis Potosí, S.L.P.– El Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional que extingue la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), en medio de un intenso debate legislativo y acusaciones de que la medida representa un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Con mayoría de votos, la iniciativa impulsada por la bancada oficialista elimina al órgano autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en la entidad, para redistribuir sus funciones a instancias del Poder Ejecutivo y órganos internos de control de los distintos sujetos obligados.
Durante la discusión en el pleno, legisladores de oposición advirtieron que la desaparición de la CEGAIP debilita los contrapesos institucionales y concentra facultades en estructuras dependientes del propio gobierno, lo que, señalaron, podría afectar la imparcialidad en la resolución de recursos de revisión y solicitudes de información. Argumentaron que la autonomía del organismo era un elemento clave para asegurar vigilancia efectiva sobre el uso de los recursos públicos.
En contraste, diputados de la mayoría defendieron la reforma bajo el argumento de que se trata de una reestructuración administrativa alineada con cambios impulsados a nivel federal. Sostuvieron que el nuevo modelo evitará duplicidades, reducirá costos operativos y mantendrá intacto el derecho ciudadano a acceder a información pública, ahora bajo un esquema distinto de organización institucional.
De acuerdo con lo aprobado, las funciones que desempeñaba la CEGAIP serán asumidas por un organismo desconcentrado sectorizado a la Contraloría General del Estado, así como por instancias específicas dentro de los poderes públicos y entes autónomos, que deberán garantizar el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia.
El decreto deberá ser remitido a los ayuntamientos para su validación, como parte del procedimiento de reforma constitucional. Posteriormente, el Congreso contará con un plazo establecido para emitir la legislación secundaria que regule la transición y precise el funcionamiento del nuevo esquema.
La decisión ha generado reacciones encontradas entre actores políticos y sectores de la sociedad civil, que advierten sobre los alcances de eliminar un órgano autónomo en un contexto donde la exigencia de rendición de cuentas se mantiene como uno de los principales reclamos ciudadanos.
