A LO QUE TE TRUJE
Por Chencha
Hoy se cumplen 2 años de la actual legislatura del congreso de San Luis Potosí; uno de los 3 poderes en los que se divide el estado que es desde hace mucho un hoyo negro de dinero, decisiones y también un complejo habitacional de zombies políticos.
Explicaremos porqué y trataremos de contrastar su estado ideal con el actual, ojalá sirva.
En este 2023 las 27 diputadas y diputados nos cuestan a usted y a mi la friolera de 310 millones de pesos, sí, está tan desproporcionado lo que ganan contra lo que hacen no solo las y los diputados sino todo su “equipo” que en el tabulador oficial, un mozo de oficina sindicalizado gana mínimo 14,618 pesos, una secretaria ejecutiva 33,203 pesos casi lo mismo que un asesor de comisiones que percibe 33,836. Ya por encima están los coordinadores de área que superan los 50,000 pesos y que son 7, y para finalizar los 4 puestos soñados, el “gabinete” legislativo donde están los coordinadores de finanzas, general de servicios parlamentarios, el oficial mayor y el coordinador de la unidad de evaluación y control, estos 4 se embolsan entre 75 y 81,000 pesos.
¿Cree que este conglomerado de burócratas privilegiados le mejoran en algo su vida?
¿Sienten ustedes una verdadera representación en las y los 27 diputados que se embolsan 132,000 pesos por “defender” sus causas y posturas?
¿Siente que las leyes que cambian, proponen y aprueban obedecen a las necesidades sociales y de justicia que sufrimos todos?
Un congreso moderno, equilibrado, abierto y verdaderamente popular en San Luis Potosí debería priorizar los siguientes principios y características:
Representatividad: El Congreso debería ser representativo de la diversidad demográfica, regional y de intereses de la población de todo el estado. Para que suceda debería Implementar sistemas electorales justos que promuevan la representación proporcional y minimicen la manipulación de los territorios y circunscripciones por intereses políticos temporales, como por ejemplo el caso de la municipalización de Pozos, aún muy discutible.
Transparencia: En San Luis el congreso debería fomentar una cultura de transparencia haciendo que todos los procedimientos legislativos, incluidos los debates, los registros de votación y las declaraciones de la situación financiera, sean fácilmente accesibles al público. Aplicar directrices éticas estrictas a los legisladores para evitar la corrupción y los conflictos de intereses. Las y los diputados cobran y pagan cuotas políticas, colocan puestos y hasta deciden “alimentar” proveedores, desde medios de comunicación inexistentes hasta suministradores de refrigerios o gasolina.
Accesibilidad: Facilitar el compromiso público ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de participar en el proceso legislativo a través de consultas públicas, asambleas municipales y audiencias públicas. Utilizar herramientas de comunicación y tecnología modernas para mejorar la accesibilidad. La mancha actual de haber gastado un dineral en ejercicios como estos sin resultados, trascendencia y vigencia habla mucho de lo profundo que está su inoperancia e ineficacia. Tampoco conozco a nadie que tenga la intención, motivación u objetivo de involucrarse con diputados, su desgaste en imagen y proyección es tremendo.
Rendición de cuentas: Establecer mecanismos sólidos para que los legisladores rindan cuentas de sus acciones y decisiones. Esto incluye órganos de supervisión independientes, comités de ética y un poder judicial receptivo. Fomentar la denuncia de irregularidades y la protección de quienes denuncien la corrupción. La realidad potosina es que usan dinero de todos para hacer sus mentados informes legislativos, siempre ajenos al interés público, gestionados como compromisos de una agenda que no representa a nadie, ni siquiera a ellos.
Inclusividad: Garantizar que los grupos infrarrepresentados, como las mujeres, los indígenas y las comunidades marginadas, tengan una presencia y una voz fuertes en el Congreso. Aplique medidas como las cuotas de género y la discriminación positiva para promover la inclusión. La verdad en el legislativo potosino es que el carácter de llevar la voz a la toma de decisiones es una cadena rota, generar mecanismos reales para poder convocar y consentir en unanimidad está cada vez más lejos.
Educación y compromiso cívico: Invertir en educación cívica para promover una mejor comprensión del proceso democrático y las responsabilidades cívicas entre los ciudadanos. Fomentar una participación informada y activa en la política. La actual condición está a gran distancia de ser incidente en cambios profundos en la manera de encarar y desarrollar la vida a través de la educación.
Protección de los derechos humanos: Garantizar que el Congreso se compromete a defender los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, de reunión y los derechos de los grupos marginados. Defender políticas que protejan y promuevan estos derechos. En el congreso potosino no hay una agenda trascendente en el tema, hay manoseo, temas escogidos por intereses, uso político de ellos, sordera, ceguera y memoria selectiva, el apoyo institucional a por ejemplo las madres buscadoras es una condición que debería ser indispensable y es nula.
Sostenibilidad y responsabilidad medioambiental: Abordar los retos medioambientales mediante leyes que promuevan prácticas sostenibles, la conservación y la acción por el clima. Cada micro comunidad tiene una distinta realidad, la verdadera representación para la mejor preservación de los espacios que incluyen discusión de cómo se reparte por ejemplo el presupuesto debería incluir discusión y enfoque práctico para potenciar esta intención.
Visión a largo plazo: Desarrollar y aplicar planes estratégicos a largo plazo que prioricen el bienestar y el desarrollo de la nación sobre los beneficios políticos a corto plazo.
Este Congreso vende “unanimidad” como mascarada de una imposición y falta de discusión y disenso constructivo. No solo es cortoplacista, sino que es comodina y mezquina, inclusive han cambiado reglas y condiciones para regresar a la simulación en la rendición de cuentas y la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos.
La consecución de estos objetivos requeriría la cooperación entre los partidos políticos, la sociedad civil y los ciudadanos, así como el compromiso de defender los valores democráticos y el Estado de Derecho. El seguimiento y la adaptación continuos son también esenciales para garantizar que el Congreso sea realmente moderno, equilibrado, abierto y popular ante la evolución de estos desafíos.
