Ciudad de México.— La Cámara de Diputados designó a Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cargo que desempeñará durante el periodo 2026-2034, tras obtener una amplia mayoría de votos en el pleno legislativo.
La elección se realizó mediante votación por cédula y el funcionario obtuvo 472 votos a favor, superando ampliamente a los otros integrantes de la terna final, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures, quienes recibieron una votación marginal.
Hernández Palacios Cardel se desempeñaba previamente como Auditor Especial del Gasto Federalizado dentro de la propia ASF, una de las áreas técnicas más relevantes del organismo encargado de revisar el uso de recursos federales en estados y municipios. Su nombramiento implica la continuidad de un perfil surgido del interior de la institución encargada de fiscalizar el gasto público federal.
Con su designación, el nuevo auditor sustituirá a David Rogelio Colmenares Páramo, cuyo periodo al frente del órgano fiscalizador concluye el 14 de marzo de 2026.
La Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de revisar la Cuenta Pública y auditar el uso de los recursos federales en dependencias, organismos autónomos, estados, municipios y cualquier entidad que administre fondos públicos.
El nuevo titular cuenta con trayectoria en áreas de fiscalización y control del gasto público. Antes de ocupar cargos dentro de la ASF, también participó en tareas administrativas y de supervisión en el sector público, particularmente en áreas vinculadas al manejo de recursos y auditorías gubernamentales.
De acuerdo con el marco constitucional, el titular de la ASF es designado por la Cámara de Diputados mediante el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes y permanece en el cargo ocho años, con posibilidad de una sola reelección.
Con este nombramiento, el Congreso define a la persona responsable de encabezar el principal órgano de fiscalización del país, encargado de detectar irregularidades en el uso del presupuesto federal y promover acciones legales cuando se identifiquen posibles desvíos de recursos públicos.
