Expectantes, se encuentran los ejidatarios de San Juan de Guadalupe ante las elecciones que se celebrarán este jueves, con dos grupos antagónicos enfrentándose, apoyados ambos por diferentes empresas que quieren controlar el desarrollo urbano en la región, y en medio el Frente Emiliano Zapata, cuyos miembros piden que la próxima administración municipal “simplemente cumpla con la ley y con su trabajo”, ante las tropelías que tanto un grupo como otro cometieron durante sus respectivos mandatos. “Es lo único que pediríamos a Gallardo, porque hasta ahora, su trabajo nos es prácticamente desconocido”.
No hace ni 15 días que nuevamente hubo problemas en el comisariado, los ejidatarios en su conjunto no quisieron que hubiera ningún integrante de los comisariados previos , por lo que se les forzó a que eligieran a otros aunque fueran de su confianza. Las dos planillas mayoritarias están respaldadas directamente por los empresarios, afirma Noé de la Rosa Bravo, uno de los comuneros titulares dentro del ejido.
“Una es manejada por Margarito Jasso Menchaca, quien a su vez es el que defiende los intereses del Grupo Monterrey y Century 21, dirigido por Alejandro Tamayo Ibarra, y por el otro lado están los manejados por Aniceto Jasso, a su vez manejado por CarlosEl Chato López y de los Juanes Perreros, quienes hasta dinero reparten entre comuneros y ejidatarios para conseguir el voto. Nosotros nos habíamos mantenido al margen hasta que vimos que se estaba abusando de la gente y pagando muy poco comparado al ejido con las ganancias que iban a sacar, y ahora hasta Margarito Jasso nos ha estado invitando para participar de su lado, porque las elecciones van a estar muy competidas, hay mucho dinero en juego para las empresas”.
Afortunadamente hasta ahora no hemos recibido ni amenazas ni hay riesgo de violencia, a pesar de que ya hay muchas rencillas, porque con lo que han hecho los anteriores comisariados, han repartido títulos de propiedad a pesar de que no son autoridad legal, porque están impugnados, hay empresas y otras agrupaciones incluso que quieren meterse aunque no tienen derechos ni como ejidatarios ni como comuneros, explica.
“Hay varios descendientes, por ejemplo, a los que les están dando títulos para que tengan derecho a voto, pero no se les entrega terreno en sí, dejan fuera las milpas que deberían quedar como parte del título, mientras que a otros que tienen ambos, no se los reconocen para negarles el derecho a votar, si creen que podrían votar en su contra. La gente ya lo vio, por eso ya le están dando la espalda tanto a Margarito como a Aniceto. Ahora con la elección del jueves ya no saben realmente quién ganará, pero si los ejidatarios deciden que ya no quieren a los que estuvieron antes, en una de esas hasta podrían votar por nosotros dividiendo aún más la votación, es un volado, y la población en medio de todo”.
Dos empresas, y en medio Ricardo Gallardo
Con el proceso electoral recién concluido, advierte Carlos Covarrubias, uno de los activistas y asesores que han seguido el caso de cerca desde sus inicios, “las cosas definitivamente transitarán en la batalla por el poder en el ayuntamiento capitalino. El Grupo Monterrey con el PAN y Carlos López con el PRI. La meta, la aprobación del plan de desarrollo urbano parcial a la medida de lo que cada grupo logre respecto a su preferencia electoral. Ambos grupos apuestan a una determinación del Cabildo en función del apoyo que brinden. El problema es ahora que el resultado electoral no les favoreció y que una tercer fuerza logró un resultado inesperado, por ello los planes quedan en el limbo social y jurídico, por ambos grupos”.
“De la misma forma en la comunidad se genera una estrategia de cooptación y compra del voto hacia el proceso sucesorio de la representación comunal en septiembre del año 2015. Por ahora esto es una guerra sin cuartel, que crecerá sin vislumbrase una solución que considere, vaya la paradoja, los intereses de los comuneros como eje principal de la misma”.
Independientemente quien gane la próxima elección de representantes comunales, agrega, “esto no evitará la polarización. Y si esto es superado, existen múltiples aristas de conflicto con sucesores, avecinados y colonias asentadas en esta comunidad. Y aun más el tema de las áreas protegidas y de descargas naturales de agua, serán parte de una agenda controvertida. ¿Con quién generará los acuerdos la nueva administración municipal? ¿Se permitirá a los comuneros opositores al proyecto inmobiliario mantener su patrimonio? Recuérdese que el grupo de Carlos López Medina intentó frenar por todos los medios la llegada de Gallardo a la presidencia municipal, ¿ahora pactarán? Lo importante sería que los comuneros que no han negociado su patrimonio lograran impulsar una propuesta diferente en la elección interna de esta comunidad; o bien llegaran a un acuerdo con los comuneros que cansados de ser utilizados por alguna de las facciones empresariales busquen en el Grupo Emiliano Zapata una alternativa de resistencia social.
El inicio de la confrontación
El origen de la pugna es el asunto de las dificultades para adecuar el uso de suelo del polígono de aportación a las sociedades. “Esto arrojó en el limbo jurídico a los inversionistas y a cometer errores, producto de la desesperación por la primera gran inversión generada por el llamado préstamo a los comuneros, una suma cercana a los 87 millones de pesos (250 mil pesos por comunero a cambio de una promesa de aportación de cuatro mil hectáreas ). Es también el naufragio de las artificiales Sociedades de Producción Rural Cumbres de San Miguelito SPR de RL, Artesanos de San Miguelito SPR de RL, Puerto Vallecitos SPR de RL, Vista Hermosa SPR de RL y Chincalli SPR de RL”.
El debilitamiento de la representación comunal de Margarito Jasso Menchaca tiene su origen la confrontación de los grupos económicos que originariamente conformaron el proyecto de sociedades mercantiles Malchinali.
Esta cuestión deriva además en un escenario donde, paradójicamente, el grupo representado por Carlos López Medina ha sumado al bloque de comuneros que se habían mantenido a su lado con los grupos que impugnaron las sociedades mercantiles, o bien con disidentes que fueron expulsados del grupo hegemónico que conformó Margarito Jasso y los llamados “Juanes Perreros” entre los años 2007 y 2009. Y por otro lado la empresa Century 21 encabezada por Alejandro Tamayo Ibarra, quien de manera emergente ha cobijado al debilitado representante comunal.
Estas acciones fueron inhibidas en su momento en los tribunales agrarios y juzgados de distrito por el grupo Emiliano Zapata, ajeno a los comuneros y que aceptaron los préstamos económicos durante los años 2011-2012. Un grupo pequeño que agrupa cerca de 20 comuneros, pero que son en este momento un factor determinante por ser ajenos, hasta el momento, a los préstamos económicos y las alianzas de facto.
En el año 2013 por gestiones del mismo grupo encabezado por Carlos López Medina se acordó con el Cabildo de San Luis Potosí, iniciar los trabajos de crear un plan parcial de desarrollo urbano en esta comunidad (acta de Cabildo 28 de febrero del 2013). Posteriormente se intentó realizar una asamblea comunal que validara los trabajos del Instituto Municipal de Población, y que de la misma manera facilitara la aportación de ahora dos mil hectáreas, pero nuevamente el grupo Emiliano Zapata suspendería judicialmente dicha aportación.
Dicho plan parcial no ha sido concluido y por los tiempos de consulta pública a que debe someterse, prácticamente fue desechado para la próxima administración.
Los conflictos entre los grupos empresariales se recrudecieron ante la falta de resultados, generándose la salida de algunos de los iniciadores del proyecto, como es el grupo Torres Corzo, que prefirió concentrarse en el proyecto del Gran Peñón. Las acusaciones de deshonestidad y traición llegaron a un nivel de confrontación en medios de comunicación, traducidos en filtraciones de información, en su momento considerada confidencial.
“Prueba de esto –afirma Covarrubias– es el caso del papel desempeñado por el diarioPulso por una parte y por otra el grupo Global Media, ambos muy relacionados a ciertas familias de constructores, los cuales durante todo el año 2014 cuestionaron y atacaron proyectos inmobiliarios que ahora eran antagónicos. Esto sin contar las denuncias y acusaciones en tribunales que han sido mantenidas en el total sigilo en los tribunales agrarios”.
Juan Fidel Cruz Campos (Juan Perros) y el ex comisariado (2009-2012 ) Aniceto Bravo Jasso, instruidos por López Medina, “buscan cooptar a los disientes Juan García Leyva, Anastasio Esquivel Jasso y María García y sumarlos en un bloque que busque la remoción o en caso la inmovilización del comisariado de bienes comunales. A este bloque se suman los integrantes del Consejo de Vigilancia”.
Carlos López Medina reforzó la ofensiva contratando al abogado Alejandro Rivera, buscando destruir jurídicamente cualquier acuerdo realizado por la representación comunal que perjudicara los intereses de su grupo. Incluso utilizando el mismo discursos radical de los grupos que han mantenido su postura de no aceptar la venta de su tierras.
Fuente: Jornada
