Tres meses después de la tragedia en el antro Rich, donde dos jóvenes perdieron la vida y varios más resultaron heridos, el caso sigue avanzando en la Contraloría General de San Luis Potosí. La tragedia ocurrió la noche del 7 de junio, cuando un barandal en el tercer nivel del establecimiento se venció, provocando la caída de los jóvenes.
El contralor general, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, informó que aunque las investigaciones aún no concluyen, se ha determinado que existen responsabilidades por parte de funcionarios tanto del Ayuntamiento de San Luis Potosí como de la administración estatal. Aguiñaga Muñiz explicó que la mayor parte de las responsabilidades recaerán en el Ayuntamiento debido a su rol en la verificación de permisos, construcción y condiciones del establecimiento.
“Se han hecho algunos requerimientos, pero en lo general va a recaer en responsabilidad de servidores públicos, la mayor parte en el caso del Ayuntamiento de la capital porque el municipio es el encargado directo de realizar verificaciones desde el tema de construcción, que tengan los permisos, los materiales adecuados y que todo esté en condiciones”, comentó el contralor.
Los resultados de las investigaciones serán canalizados al órgano interno de control del municipio para determinar las sanciones correspondientes a los funcionarios municipales. En cuanto a los responsables estatales, la Contraloría Estatal tomará las medidas adecuadas en relación con la Dirección de Gobernación, Protección Civil Estatal y la Coepris.
Aguiñaga Muñiz también destacó que la denuncia inicial fue presentada por el titular de la Dirección de Gobernación, José Concepción Gallardo Martínez. Dado que el órgano de control de la Secretaría General de Gobierno no cuenta con autoridad investigadora, la Contraloría General del Estado asumió la responsabilidad del procedimiento.
