César Sánchez Gaona, especialista en temas anticorrupción de la organización Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, señaló que la paralización del Sistema Estatal Anticorrupción se debe a una interferencia de la Contraloría General del Estado (CGE) para propiciar la división en su Comité de Particpación Ciudadana (CPC).
En entrevista con Editora Mival, Sánchez Gaona indicó que en el caso del órgano anticorrupción potosino, el CPC ha sido un factor para obstruir su funcionamiento correcto.
También indicó que Ethos ha detectado, en una investigación realizada para conocer los avances de los órganos locales anticorrupción, que dentro del comité hay disputa de dos grupos que impide generar coordinación y acuerdos, lo que ha impedido avances.
El sistema no ha arrancado como debía, señaló, “y ha habido una aparente interferencia del gobierno estatal, por medio de la Contraloría General del Estado, para que esta discordia persista”.
Señaló que testimonios recogidos entre diversos actores en la conformación del sistema en San Luis “han apuntado hacia una interferencia de la contraloría, específicamente del contralor (Gabriel Rosillo Iglesias), que fomenta la división”.
Con esto actuación, al gobierno del estado demuestra que parece convenirle que exista este retraso en el inicio del sistema.
Lo que es evidente, insistió, es que el gobierno del estado siembra la disfunción al centro del sistema, para que no opere y, al estar el conflicto en el CPC, quitarle a la administración la responsabilidad de este fracaso.
Sánchez Gaona también señaló que el Congreso del Estado se ha desentendido de vigilar la actuación del CPC, que si bien es un órgano autónomo, ha mostrado ser disfuncional.
Sobre el reciente nombramiento del presidente provisional del CPC, Juan Ramón Infante, como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del órgano de gobierno del SEA, el entrevistado señaló que si bien las leyes locales no lo prohíben, tampoco prevé que se puede hacer un nombramiento provisional y menos, del modo en el que se hizo.
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