El ayuntamiento de la capital, a siete meses de que dio inicio el gobierno, contratará despachos auditores externos ya que la Contraloría Interna del municipio se encuentra “limitada en su capacidad”, subrayó el secretario general, Manuel Lozano Nieto, al referirse a la serie de investigaciones que realiza este órgano contralor y que no ha podido concluir en el lapso de tiempo mencionado.
El funcionario municipal señaló que desde el inicio de la administración se planteó la contratación de auditorías externas, sin embargo por cuestiones que dijo desconocer, estas no se habían presentado, pero, al tener diversos procedimientos en investigación, se optará por recurrir a estos servicios: “La Contraloría tiene limitada su capacidad, está totalmente saturada de procedimientos que derivan de responsabilidades de funcionarios de la anterior administración, y tenemos que darles tiempo a que se desahoguen”, justificó.
Asimismo, dijo que algunos de los procedimientos que se realizan actualmente tendrán que ser llevados por la Contraloría, los cuales serán los que requieran de una secrecía mayor. Los despachos serán encargados de auditar algunas áreas, aunque desconoció cuáles podrían ser susceptibles a este servicio externo.
Lozano Nieto desconoció los despachos que estarán coadyuvando, así como los criterios que se siguieron para elegirlos, ya que, dijo, es un tema que le corresponde netamente a la contralora interna, no obstante dijo que debió ser por licitación pública: “es lo único que puedo señalar como regla general, pero la que puede decirlo más certeramente es la contralora”, argumentó.
El funcionario aseveró que los despachos serán de toda la confianza, para que puedan hacer un trabajo imparcial y así presenten resultados fidedignos, y agregó que “Lo que hay es una realidad, es una falta de capacidad lamentablemente interna para desahogar tanta irregularidad respecto de la administración pasada; se ha superado, por mucho, la capacidad de la contraloría para poder con tanta situación irregular que encontramos”.
Asimismo, señaló que esta instancia será la encargada de investigar la venta y cobro de los terrenos vendidos al grupo constructor Iscamapi durante la administración de Victoria Labastida, mismos que fueron aprobados por el cabildo de ese gobierno, aunque advirtió que la información generada será reservada.
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