La ordeña de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue la causa de la explosión que el 19 de diciembre de 2010 mató a 30 personas y devastó la colonia San Damián en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
A dos años de aquella tragedia, que además dejó a decenas de familias sin patrimonio alguno, no hay detenidos y las disputas por el control de este ilícito entre células delictivas son cada vez más violentas: en 2012 ese combate provocó al menos 10 asesinatos en la entidad.
La colonia San Damián, en San Martín Texmelucan, está localizada en uno de los corredores utilizado por las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos, que también afecta a los municipios de Huejotzingo, Xoxtla, Cuautlancingo y los pueblos mágicos San Pedro y San Andrés Cholula.
En ese corredor se inició una de las investigaciones que derivo en la detención uno de los principales grupos dedicados a este ilícito y puso en evidencia su capacidad de fuego, mecanismos para infiltrar corporaciones policiacas, a Pemex y hasta al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La madrugada del 29 de agosto de 2012 un grupo de sicarios atacaron con armas AK-47 a los tripulantes de una camioneta con placas de del estado de Nuevo León que estaba estacionada frente a una tienda de conveniencia, ubicada sobre la carretera México-Puebla, en el municipio Juan C. Bonilla. Tres murieron en el lugar, uno en un hospital y otro pudo salvar la vida.
La Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) confirmó que el homicidio tuvo como móvil la lucha por el control territorial para el robo de combustible.
Derivado de esos homicidios, el 31 de agosto un operativo de la PGJ detuvo en Huejotzingo a integrantes de la familia Cuautle, señalados como autores de los homicidios y líderes en el delito de robo de hidrocarburo en la zona.
Los Cuautle estuvieron arraigados 40 días y al consignarlos también se les vinculó con el homicidio de dos trabajadores de Petróleos Mexicanos, cuyos cadáveres fueron encontrados el 2 de octubre de ese mismo año en dos puntos distintos de la entidad.
Uno fue identificado como Carlos López. Tenía una bolsa en la cabeza y de acuerdo con la averiguación previa 24/2012/AEH murió a consecuencia de asfixia por sumersión incompleta.
Esa misma mañana fue ubicado el cadáver de Fernando González. El trabajador de la paraestatal petrolera tenía un disparo de arma de fuego en la cabeza y estaba a bordo de su camioneta X Trail, en un camino solitario en la población de San Baltazar Temaxcalac.
De acuerdo con la averiguación previa 215/2012/Texmelucan laboraba en el área de Plataformas de Petróleos Mexicanos y presuntamente vendía información que facilitaba el robo en los ductos.
Esa información, planteó la autoridad, era proporcionada a Joel J., alias “El Pelón”, y David S., alias “El Tiburón”, integrantes de la banda de Cuautle y quienes presuntamente terminaron asesinándolo cuando decidió compartir los datos con un grupo rival.
David S. declaró a las autoridades que trabajó en Pemex en el área de Vigilancia Perimetral en la zona de San Martín Texmelucan, cargo que abandonó en junio de 2012, pero mantenía contactos internos que le permitían vender información privilegiada para el robo de hidrocarburos, según información de fuentes de la PGJ que pidieron el anonimato.
CRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓN
El 22 de enero pasado, Joel J. y David S. fueron consignados por el juez penal de Huejotzingo dentro de la causa penal 670/2012.
Sin embargo, un día después, el juez José Alejandro Ramírez Cante los dejó libres en circunstancias que apuntan a un acto de corrupción que la PGJ ya investiga, pues decretó el auto de libertad aceptando argumentos que nada tenían qué ver con las acusaciones contra los detenidos y que días después también se descubrió que eran falsas.
Para Ramírez Cante fue suficiente que sus familiares testificaran que al momento de la muerte ellos estaban en otro lado y que Davis S. padece de problemas de salud en los riñones y cáncer.
En la investigación de la Procuraduría General de Justicia estatal, a cargo de Víctor Carrancá Bourget, se encontró que los dictámenes
médicos fueron hechos por una clínica denominada “Santa Cruz”, ubicada en Huejotzingo: “La imagen de la clínica pone en duda que un lugar así tenga el equipo y personal necesario para hacer una valoración o análisis que puedan determinar un diagnóstico de cáncer”, esto se desprende de la indagatoria contra el juez.
La clínica es propiedad del primo del primo de uno de los abogados defensores, quien también está bajo investigación junto con el juez y un médico, además de una persona que se encuentra arraigada.
Los hechos fueron confirmados por Carrancá Bourget durante una rueda de prensa al finalizar su comparecencia con los diputados del Congreso local, y agregó que la decisión del juez ya fue apelada y se inició la investigación.
Carrancá Bouget evitó calificar la zona como un foco rojo por el tipo de delitos y los homicidios ocurridos y señaló al respecto:
“El estado de Puebla tiene paso de estos grupo de forma significativa y San Martín es una zona en donde hay mucha actividad de Petróleos Mexicanos, y por lo mismo muchos lugares donde se pueden hacer este tipo de sustracciones”.
Aseguró que la Procuraduría a su cargo ha actuado en forma responsable en cuanto a delitos del fuero común relacionados con el robo de hidrocarburo, como son los homicidios y han compartido la información relativa este ilícito con las autoridades federales que es a quien compete la investigación.
EL MIEDO Y LA IMPUNIDAD SIGUEN
La tragedia de San Martín Texmelucan, del 19 de diciembre de 2010, dejó un éxodo para los habitantes de la colonia San Damián, pues aunque la paraestatal pagó y reconstruyó las casas de los sobrevivientes, éstos ya no regresaron a vivir a ese lugar. Ahora los inmuebles están vacíos o fueron vendidos.
Mientras, las
autoridades tienen pendiente dar con los responsables que estaban robando el combustible aquel domingo y cuyo error provocó la fuga del combustóleo que se regó por las calles de la colonia San Damián, y llegó hasta el río Atoyac ampliando los daños del fuego y causando daños ecológicos.
Durante la visita del entonces director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, se informó que horas antes de la tragedia se detectó una baja de presión en los ductos a causa del combustóleo que se derramó. Sin embargo no hubo ninguna medida de alerta a los pobladores.
El fantasma de una tragedia se aparece a los vecinos de la zona ante cada descubrimiento de una nueva toma clandestina, como ocurrió el 4 de marzo del año pasado cuando una incendio de un pastizal estuvo a punto de alcanzar una toma clandestina de un ducto de Pemex en las inmediaciones del Parque Industrial FINSA.
De acuerdo con fuentes de la paraestatal, quienes pidieron el anonimato, los grupos delictivos utilizan tecnología difícil de conseguir y de costos muy elevados como la máquina tapinadora o Hot Tapping, que es capaz de perforar un ducto sin interrumpir el flujo de los combustibles.
La máquina es altamente efectiva para evitar derrames y dar mantenimiento a los ductos, pero puede generar accidentes como el de San Martín Texmelucan si no es operada por profesionales.
El costo del uso de esta herramienta es tan alto que son pocas las empresas que se dedican a este tipo de trabajos a nivel nacional y los proveedores en México son claramente identificados, explicó la fuente consultada.
Otra de las formas de la explotación es hacer boquetes en los ductos con herramientas comunes, cuando la presión es baja o nula, para lo que es necesaria la filtración de información desde dentro de la paraestatal.
ALERTA EN EL VALLE DE TEPEACA
El segundo corredor para la explotación ilegal de ductos de Petróleos Mexicanos en Puebla se encuentra en la zona del Valle de Tepeaca, en donde se ubican a los municipios de Amozoc, Acatzingo, Palmar de Bravo, Palmarito Tochapan. Todos colindan con el estado de Veracruz.
De la entidad veracruzana eran originarios los miembros de una familia que fueron encontrados sin vida en las inmediaciones de la presa de Valsequillo, Puebla, el 29 de diciembre pasado. Venían huyendo luego de que el padre recibiera amenazas de un grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburo con el que presuntamente participaba, según se desprende de la averiguación previa 6842/2012/SUR/AEHOM
La Procuraduría General de Justicia tenía el reporte de que la familia había desaparecido el 21 de diciembre. Sus familiares señalaron que encontraron rastros de sangre y casquillos percutidos de AK-47.
POLICÍAS LIGADOS AL CRIMEN
En ese corredor del Valle de Tepeaca ya se hicieron detenciones de policías dedicados a proteger a las bandas dedicadas al robo a Pemex.
El 4 de febrero de 2011, dos elementos de la Policía Municipal de Amozoc y un civil uniformado fueron detenidos por la Policía Estatal, mientras vigilaban un camión con combustible robado y que tenía placas del estado de Veracruz.
Los uniformados fueron detenidos a unos metros de una toma clandestina en el oleoducto Teapa-Venta de Carpio, ubicado en el ejido San Salvador Chachapa.
Identificados como Ofelio Valdés y José Felipe Torres, así como su cómplice Noé Serrano Soledad, fueron consignados dentro de la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-III/101/2011 por los delitos de robo de hidrocarburo agravado, contra la administración de justicia y encubrimiento. Además se añadió que los agentes portaban arma de fuego 9 milímetros con 15 cartuchos útiles.
Ese mismo 2011, en agosto, fue detenido el director de la Policía Municipal de Acatzingo, Elisandro Rojas Cano, y tres de sus uniformados. La detención fue realizada por elementos policiacos del municipio de Cuautlancingo.
Rojas Cano y dos de sus agentes portaban armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y Fuerza
Aérea, por lo que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal por vínculos con una banda dedicada al robo de hidrocarburos. Debido a esta investigación, el funcionario fue separado de su cargo por órdenes del Cabildo.
El 28 de marzo de 2012, la Secretaría de Seguridad Pública informó de la detención de tres personas dedicadas al robo de combustibles de los ductos de Pemex. De acuerdo con la información difundida por la dependencia, los indiciados involucraron a policías del municipio de Coronango.
Según el reporte oficial, un comandante –apodado “El Texano”– y otros elementos les daban protección para realizar el ilícito y los alertaban de operativos de otras corporaciones en la zona.
BANDAS POR TODO MÉXICO
En cinco años, en todo el país se detuvieron a 654 personas relacionadas con el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos, según un informe de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) enviado a la Cámara de Diputados.
En el reporte se establecen los estados con mayor número de detenciones de 2007 y hasta noviembre de 2012:
Entidades como Jalisco, Sinaloa, Colima, Zacatecas, Baja California, Yucatán, Morelos, Aguascalientes, Baja California Sur, Michoacán, Oaxaca y Guerrero reportan menos de 20 detenidos.
Los 654 detenidos representan un alto grado de impunidad por este delito, pues el informe señala que tan sólo de entre enero y noviembre de 2012 se detectaron mil 749 tomas clandestinas, que corresponden a una pérdida de 11 mil 641 barriles diarios equivalentes a 19 millones 402 mil pesos.
También se ha denunciado ya en medios, en informes a la paraestatal petrolera y en reportes de la Policía Federal que las organizaciones delictivas de “Los Zetas”, “La Familia Michoacana” y miembros de la banda de Francisco Guizar Pavón, alias “El Rey de las Gasolinas”, detenido en Monterrey en junio de 2010, tienen entre sus actividades el robo de hidrocarburos.
Esa información también se basa en la respuesta a una solicitud de información, donde se explica que en Puebla se detectaron acciones de estos grupos, así como en Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Veracruz y el Estado de México.
