La Corte Suprema de Estados Unidos ha programado para el 10 de enero la audiencia en la que se discutirá la constitucionalidad de la prohibición de TikTok en el país, una medida que podría definir el futuro de la popular aplicación en el territorio estadounidense. La ley, que planea cortar los lazos de TikTok con su empresa matriz china ByteDance, entrará en vigor el 19 de enero.
El debate se centra en la constitucionalidad de la prohibición, con TikTok argumentando que la ley viola la Primera Enmienda al tratar de restringir uno de los canales más importantes de expresión en el país. Los abogados de la compañía describen el intento de prohibición como un desafío sin precedentes que presenta problemas graves para la libertad de expresión.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, apoyado por un fallo anterior del tribunal de apelaciones, sostiene que las preocupaciones sobre la recopilación de datos de los usuarios por parte del gobierno chino son suficientes para justificar la medida. El tribunal consideró que las preocupaciones sobre la seguridad nacional son un “interés imperioso”, subrayando los riesgos de manipulación de contenido en la plataforma.
TikTok, en respuesta, ha argumentado que una venta forzada o desinversión de ByteDance es “comercial, tecnológica y legalmente imposible”. La compañía ha enfatizado que el algoritmo que alimenta su plataforma no puede ser vendido o reconstruido bajo las restricciones actuales.
El expresidente Donald Trump, quien intentó prohibir TikTok en su administración, ha mostrado su apoyo a la aplicación recientemente, afirmando que aún guarda un “lugar cálido en su corazón” para TikTok. Por otro lado, será la administración de Joe Biden quien presente el caso del gobierno ante la Corte Suprema, defendiendo la ley como una medida esencial para la seguridad nacional.
De implementarse la prohibición, millones de usuarios en Estados Unidos tendrían que buscar alternativas para comunicarse y compartir contenido. TikTok, por su parte, confía en que la Corte Suprema revierta el fallo o al menos otorgue un retraso en la aplicación de la ley. La empresa argumenta que una reestructuración de la plataforma no es viable, dado que consta de millones de líneas de código desarrolladas a lo largo de los años por miles de ingenieros.
