La Corte Suprema de Estados Unidos está evaluando un caso clave sobre el acceso de menores transgénero a tratamientos médicos para cambiar de sexo. El tema gira en torno a una ley de Tennessee, promulgada en 2023, que prohíbe a los menores acceder a bloqueadores de la pubertad y tratamientos hormonales de transición si no se identifican con su género asignado al nacer.
Este tipo de legislación ha sido adoptada por varios estados, especialmente aquellos gobernados por republicanos, donde casi la mitad de los estados han implementado leyes similares. En este caso, menores y sus familias, junto con una ginecóloga de Memphis y la administración del presidente Joe Biden, argumentan que la ley viola la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la igualdad de derechos, al negar a las personas transgénero el acceso a tratamientos médicos que están disponibles para otros.
El abogado Chase Strangio, de la Unión Americana de Libertades Civiles, quien será el primer abogado transgénero en argumentar ante la Corte Suprema, ha calificado este caso como uno de los más importantes en la lucha por los derechos LGBTQ+. Strangio compartió que su presencia en el tribunal es un testimonio del acceso que él mismo ha tenido a estos tratamientos médicos.
El caso ha generado gran controversia en el país. El presidente electo, Donald Trump, ha prometido imponer una prohibición federal sobre estos tratamientos para menores transgénero y limitar el acceso para los adultos. La ley de Tennessee, conocida como SB1, fue diseñada para “proteger la salud y el bienestar de los menores” al prohibir procedimientos médicos que, según sus defensores, podrían llevar a los menores a rechazar su sexo asignado.
Por otro lado, el Departamento de Justicia de Biden y las familias de jóvenes transgénero luchan contra la ley, que según el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, busca garantizar la protección de los menores. En abril, la Corte Suprema permitió que una ley similar en Idaho entrara en vigor mientras se mantiene el proceso legal en curso. Esta legislación, que también prohíbe tratamientos para menores transgénero, incluye penas de hasta 10 años de prisión para los profesionales médicos que administren bloqueadores de la pubertad o tratamientos hormonales.
Defensores de los bloqueadores de la pubertad argumentan que estos tratamientos, que retrasan los cambios físicos no deseados en adolescentes que están considerando la transición de género, pueden ser cruciales para prevenir problemas como la depresión y el suicidio en jóvenes que experimentan disforia de género. Kelley Robinson, presidenta de la Campaña de Derechos Humanos, subraya que las leyes de Tennessee y otras similares no solo ponen en peligro la salud de los jóvenes trans, sino que también los convierten en “peones políticos” en medio de las divisiones partidarias.
Robinson enfatiza que las principales organizaciones médicas coinciden en que la afirmación de género no es una postura política, sino una forma de atención médica necesaria para el bienestar de los jóvenes transgénero. Las discusiones sobre los derechos de las personas transgénero, como su derecho a usar baños de mujeres y participar en deportes femeninos, siguen siendo un tema central en las “guerras culturales” que polarizan al país entre republicanos y demócratas.
