Crisis hídrica agrava adeudos de usuarios con Interapas

DESTACADOS, LOCALES, SAN LUIS

El organismo operador del agua potable de la zona metropolitana de San Luis Potosí, Interapas, enfrenta una deuda superior a los 1,300 millones de pesos, a pesar de implementar en varias ocasiones el programa “Borrón y Cuenta Nueva” para intentar reducir la morosidad. Según un informe de gestión, la cartera vencida alcanzó los mil 328.2 millones de pesos, destacándose que el mayor adeudo proviene del servicio doméstico con 980.9 millones, seguido por el público con 154.2 millones, y el comercial con 119.3 millones. El sector industrial es el que menos debe, acumulando 73.7 millones de pesos.

Aunque Interapas ha reportado un incremento en sus ingresos propios, alcanzando los mil 101.8 millones de pesos en 2023, la cartera vencida ha seguido en aumento desde 2022, cuando ascendía a 913 millones de pesos. Se atribuye el aumento a la falta de servicio y errores en el cobro, que provocaron la insatisfacción de los usuarios.

A lo largo de los años, diversas administraciones intentaron recuperar parte de esta deuda a través de despachos de cobranza y programas de condonación, sin éxito. En 2022 se lanzó el programa “Borrón y cuenta nueva”, que buscaba regularizar a los usuarios condonando sus adeudos, pero muchos no mostraron interés en pagar. En 2023 se implementó un programa similar, logrando algunos resultados, aunque la deuda continuó creciendo.

La crisis hídrica en San Luis Potosí ha sido otro factor clave en el aumento de la cartera vencida, ya que muchos usuarios se negaron a pagar al no recibir agua en sus inmuebles y recurrir a la compra de pipas, lo que generó descontento y un mayor número de deudores.

En medio de esta situación, en junio de este año se presentó una propuesta en el Congreso del Estado por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para desaparecer Interapas debido a su deficiente administración. Sin embargo, la iniciativa no avanzó, y la actual presidenta de la Comisión del Agua, Nancy Jeanine García Martínez, consideró que la desaparición del organismo no es viable, abogando en su lugar por medidas que fortalezcan su funcionamiento.

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