El diagnóstico de una universidad atrapada en pugnas por el poder marcó la 17ª sesión del Grupo Fundadores, donde el director interino de la Facultad de Derecho, Lic. Jesús Javier Delgado Sam, advirtió que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí atraviesa un estancamiento profundo derivado de una “lucha encarnizada” por el control de las 18 direcciones universitarias. Según expuso, esta confrontación es resultado de dos ejes históricos —Medicina y Derecho— que han dominado la vida interna de la institución durante más de cinco décadas.
Delgado Sam describió que estas disputas no son nuevas y arrastran viejas heridas institucionales. Recordó el episodio crítico de 1986, cuando el asesinato del estudiante Jorge Mena detonó la toma de instalaciones y desembocó en la caída del rector José de Jesús Rodríguez Martínez y del entonces gobernador Florencio Salazar Martínez. Aquel punto de quiebre permitió la llegada de Alfonso Lastras Ramírez, quien desarticuló grupos porriles y facciones tradicionales que controlaban la universidad.
El director interino trazó luego una línea histórica de sucesiones marcada por bloques internos: desde el grupo conservador de “Los Conejos”, con raíces clericales, hasta los periodos de Mario García, Jaime Valle y Fermín Villar Rubio, llegando a la etapa actual bajo el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra. En este contexto situó la crisis reciente en la Facultad de Derecho, detonada por la agresión sexual del 17 de octubre que derivó en la renuncia del entonces director Germán Pedroza Gaytán y su propio nombramiento como responsable interino por 60 días.
La elaboración de la terna para elegir a la nueva dirección provocó un clima de división entre docentes. La lista integrada por Georgina González, Lucy Lastras y el propio Delgado Sam fue cuestionada por algunos sectores, que acusaron exclusión y desorden en el proceso. Entre las expresiones más señaladas durante la sesión destacó que se llegó a calificar la propuesta como una “terna de culeros”, expresión que ilustró el grado de encono interno. La elección definitiva ocurrirá la próxima semana.
Durante su intervención, Delgado Sam también criticó la ingenuidad con la que la universidad exhibe sus propias vulnerabilidades, como el hecho de que solo el 6% de su presupuesto provenga del Gobierno del Estado, mientras que el 96% depende de la Federación. En este sentido cuestionó el intento de promover auditorías estatales y coincidió con integrantes del Grupo Fundadores en que la rendición de cuentas debe ser pública y frente a la ciudadanía, pues es ella quien sostiene la educación pública.
El director interino insistió en la necesidad de rescatar y reivindicar a la UASLP, alejándola del sospechosismo y de los enemigos que —dijo— existen tanto dentro como fuera de la institución. Sus planteamientos obtuvieron el respaldo casi unánime de los asistentes, incluidos líderes estudiantiles, especialmente cuando llamó a un mayor compromiso del profesorado con el estudiantado.
El Grupo Fundadores aprovechó la sesión para demandar el cese de intromisiones externas y mayor firmeza del rector Zermeño. Advirtieron que la comunidad universitaria supera las cien mil personas entre estudiantes, egresados, académicos, administrativos y padres de familia, una fuerza social que “ningún gobierno está en condiciones de ignorar”.
En la segunda parte del encuentro, el maestro michoacano José Óscar Reyes Márquez expuso el deterioro político y de seguridad en su estado. Afirmó que en Michoacán operan 17 grupos criminales distribuidos en 113 municipios, impulsados por décadas de disputa por recursos y control territorial. Condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y señaló que la designación de su viuda, Grecia Quiroz, podría convertirla en una figura competitiva rumbo a la gubernatura, ante la fractura interna de Morena. Reyes consideró que México vive un estado fallido en materia de seguridad y acusó la ausencia de políticas efectivas para contener al crimen organizado.
Pese al panorama adverso, sostuvo que la resistencia social será clave, recordando el papel de Michoacán en la democratización del país en 1988. Afirmó que ahora serán los pueblos indígenas, los universitarios y una ciudadanía trabajadora quienes enfrentarán el flagelo de la violencia. Cerró evocando su propia lucha en defensa de los comerciantes ambulantes en San Luis Potosí en 1993, que —dijo— terminó con su exilio pero también con la conquista de un trabajo digno.
La sesión concluyó con una frase del constituyente liberal Ponciano Arriaga, citada por Delgado Sam: “El pueblo cree, el pueblo espera; en nombre de la causa liberal, no hagamos ilusoria su postrera esperanza.”
