El Radar
Por Jesús Aguilar
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El ocaso del sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha desnudado las fracturas dentro del poder morenista y las consecuencias de su particular forma de ejercer el mando. La sucesión presidencial no solo dejó heridas abiertas en su grupo político, sino que también expuso las limitaciones del líder tabasqueño para sostener el andamiaje de acuerdos que mantuvieron una relativa estabilidad en diversas regiones del país. Tabasco y Sinaloa, hoy sumidos en la violencia, son el reflejo de un modelo de gobernanza que dependió en gran medida de entendimientos con actores criminales y que, al romperse, han dejado un escenario caótico.
El caso de Tabasco es paradigmático. Javier May, gobernador afín a López Obrador, ha lanzado acusaciones contra su predecesor, Adán Augusto López Hernández, implicándolo en la permisividad y protección a células del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este enfrentamiento no solo ha encendido la violencia en la entidad, con un alarmante incremento del 308% en homicidios dolosos, sino que también ha evidenciado la fractura en el grupo de lópezobradoristas de primera línea. En Sinaloa, Rubén Rocha Moya enfrenta la implosión del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ovidio Guzmán y la lucha interna entre facciones del crimen organizado. Ambos casos ilustran cómo la dinámica de acuerdos políticos con el narcotrafico, implícitos o explícitos, ha colapsado.
Sin embargo, la nueva realidad política de México ya no está solo determinada por los juegos internos del morenismo. La presión de Estados Unidos ha forzado a un giro drástico en la estrategia de seguridad. Durante el sexenio pasado, la relación con Washington estuvo marcada por un pragmatismo que permitió a López Obrador evitar confrontaciones directas con los cárteles. Con Sheinbaum, el tono ha cambiado. El fentanilo se ha convertido en un punto de quiebre en la relación bilateral, y la administración Biden exige medidas más contundentes para contener el tráfico de opioides sintéticos hacia su territorio.
Sheinbaum enfrenta un dilema complejo. Por un lado, no puede permitir que la violencia se desborde en estados clave sin arriesgar su gobernabilidad y credibilidad. Pero también debe cuidar el frágil equilibrio político dentro de su partido, donde los fieles a López Obrador continúan teniendo una gran influencia. El caso de Tabasco es sintomático de esta tensión. Las denuncias de May han sido fuertes, pero el gobierno federal ha respondido con tibieza. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, ha dejado clara la postura de que no se negociará con criminales, un mensaje que marca distancia con la política obradorista, pero que aún no se traduce en acciones concretas.
La pregunta central es si Sheinbaum está dispuesta y en condiciones de romper definitivamente con el modelo de seguridad de su antecesor. La presión de Estados Unidos asoma como un factor determinante para que este cambio ocurra. El refuerzo de la frontera sur, la cooperación en inteligencia y la intensificación de los operativos contra el narcotráfico están en la mesa de negociación con Washington. Pero ejecutar estas políticas también implica desarticular redes de poder que se han tejido entre políticos, empresarios y el crimen organizado a lo largo de los últimos años.
El panorama actual sugiere que la lucha interna en Morena y la presión de Estados Unidos están configurando una nueva etapa en la política de seguridad en México. Sheinbaum, aunque heredera del lopezobradorismo, parece estar marcando una distancia con su mentor en este terreno. La cuestión es si logrará imponer su propia estrategia sin desatar una crisis mayor dentro de su partido y sin provocar una reacción violenta de los grupos criminales que, hasta hace poco, parecían tener un margen de acción mucho más cómodo. El desenlace de esta dinámica definirá el rumbo del país en los próximos años.
