En San Luis Potosí, más de 40 mil vehículos de procedencia extranjera, conocidos como autos “chocolate”, quedaron pendientes de regularización tras la conclusión anticipada del decreto federal, situación que expone a sus propietarios a posibles extorsiones y fraudes, advirtió Elizabeth Gómez Suárez, presidenta de la asociación Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP).
La dirigente explicó que el programa federal, que originalmente concluiría en los próximos meses, fue cancelado de manera anticipada el pasado 1 de enero, pese a que permitía la importación definitiva de vehículos, principalmente provenientes de Estados Unidos, mediante el pago de una cuota fija de 2 mil 500 pesos por unidad.
Gómez Suárez señaló que la cancelación del decreto genera incertidumbre económica, especialmente entre familias campesinas y trabajadoras que dependen de estos vehículos para su movilidad diaria, además de dejarlas vulnerables ante posibles abusos por parte de corporaciones de seguridad o de organizaciones fraudulentas que históricamente han operado en la entidad.
No obstante, confió en que el anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la posibilidad de emitir un nuevo decreto con reglas de operación distintas, se concrete en breve y permita retomar el proceso de regularización.
La representante de CTLP subrayó que únicamente las organizaciones acreditadas y certificadas pueden brindar asesoría legal y acompañamiento confiable a los propietarios de estos vehículos, destacando que la asociación cuenta con más de 35 años de experiencia y un padrón superior a 20 mil afiliados, la mayoría con resultados favorables en sus trámites de legalización.
Finalmente, Gómez Suárez reiteró que en San Luis Potosí aún permanecen sin regularizar más de 40 mil vehículos, por lo que expresó un voto de confianza a los gobiernos federal, estatal y municipal para que, mientras se emite un nuevo decreto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los propietarios no enfrenten problemas para circular ni sean víctimas de extorsión o fraude.
En contraste, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) celebró el fin del programa de regularización, al considerar que permitió la entrada de cerca de tres millones de unidades altamente contaminantes, de procedencia incierta y que afectaron la seguridad vial y el mercado interno. La AMDA reconoció la decisión del gobierno federal y reiteró su disposición para colaborar en la consolidación de un REPUVE más confiable y en un programa de renovación del parque vehicular.
