La necesidad de sumar ingresos para la familia y el rezago educativo que hay en el país mantienen a alrededor de tres millones de menores entre los cinco y 17 años de edad en diversas actividades laborales en el campo, las calles y todo tipo de negocios, afirmó Alfredo Sánchez Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Esa situación, considera el investigador, hace necesario reformar el artículo 123 de la Constitución para prohibir la ocupación de menores de edad en actividades laborales que, en ocasiones, ni siquiera es remunerado.
Cuatro de cada 10 de menores, según Sánchez Castañeda trabajan sin recibir remuneración alguna, ya que lo hacen para algún familiar.
A ellos se suman otros 20 millones de menores que realizan distintas labores en sus hogares; el 12%, dos millones y medio, destina, al menos, 15 horas de su tiempo a la semana a quehaceres domésticos y otro 7%, alrededor de 24 horas.
El investigador considera que para eliminar toda actividad que atente contra la integridad y dignidad de este sector de la población y evitar que interfiera con su educación y desarrollo físico y psicológico, el Estado debe comprometerse para establecer los 15 años como la edad mínima de admisión al empleo.
Actualmente, la constitución garantiza a todos los mexicanos el derecho a la educación básica obligatoria hasta los 15 años, es decir hasta el bachillerato, por lo que el investigador afirma que ahora en necesario modificar el artículo 123 constitucional para prohibir la ocupación de menores de esta edad.
Dicha modificación “representa una de las mayores reformas legislativas que tendría que impulsar el país e implicaría la concientización de la sociedad mexicana”, afirma el especialista.
Se considera trabajo infantil toda tarea que priva a un menor de su niñez integral e impide su desarrollo físico y psicológico.
Recientemente, recuerda el investigador, el tema fue incluido en el texto constitucional.
Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, determinaron las actividades que pueden desempeñar los mayores de 14 años y menores de 16, y los trabajos prohibidos para los mayores de 16 y menores de 17.
Sin embargo para el coordinador del Área de Derecho Social de Jurídicas, es necesario establecer con claridad la prohibición general del trabajo infantil, sin necesidad de referirse a ciertas ocupaciones.
El investigador considera que el compromiso del Estado es fundamental para cumplir la meta de eliminar el trabajo infantil para el año 2020.
Actualmente, afirma Sánchez Castañeda, la necesidad de apoyar el ingreso familiar, sumado al rezago educativo que tiene el país, hace que las familias consideren “normal” privar a los menores de la educación para enviarlos a trabajar.
Ese fenómeno, señala, se da en mayor medida en el ámbito rural donde los padres sin instrucción básica, con grandes carencias económicas y familias numerosas, requieren que sus hijos colaboren con el sustento del hogar.
Para erradicar esa situación deben instrumentarse políticas públicas para la generación de empleos bien remunerados y fortalecer el combate al rezago educativo en el país, sostiene el investigador.
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