LAGOS DE MORENO, Jalisco. — El 26 de julio de 2021, cuatro jóvenes originarios de San Luis Potosí desaparecieron en esta ciudad de Jalisco cuando se dirigían a Tonalá para trabajar en la construcción. Desde entonces, sus familias han enfrentado no sólo la ausencia de respuestas claras sobre su paradero, sino el presunto involucramiento de autoridades y organizaciones criminales en su desaparición forzada.
Las víctimas —Alan Michel Martínez Vargas (23), Calep Adonai Maldonado Monsivais (18), Jorge Rodríguez Ortiz (24) e Israel Andrade Hernández (20)— viajaban en camioneta junto con otros compañeros que también laboraban en obras de construcción sin contrato ni prestaciones, cuando se detuvieron en una tienda de este municipio.
Versiones alternas a la investigación oficial señalan que, en el interior de la ciudad, individuos armados los interceptaron y separaron del grupo. A partir de ese momento, no se ha tenido ninguna confirmación fehaciente sobre su ubicación ni condición.
CRIMEN ORGANIZADO Y REDES DE ENGANCHE
Periodistas y académicos consultados en el caso han advertido que esta desaparición no es un hecho aislado, sino parte de un patrón recurrente en el que células delictivas utilizan la desaparición forzada y el reclutamiento de jóvenes como método para sostener sus filas.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han sistematizado este tipo de enganches, utilizando ofertas laborales falsas, secuestros selectivos y la colusión de autoridades municipales para captar a personas jóvenes que incluso terminan siendo obligadas a operar bajo coacción.
AUTORIDADES Y SENTENCIAS
El proceso jurídico en torno al caso ha avanzado lentamente, pero en 2025 se produjo un avance importante: cuatro policías municipales de Lagos de Moreno fueron sentenciados a 40 años de prisión por desaparición forzada de estas cuatro personas. Aunque esta resolución representa una condena penal para los agentes involucrados, no ha resuelto el misterio sobre el “¿dónde están?” ni ha esclarecido completamente los mecanismos que condujeron a la desaparición.
CLAMOR FAMILIAR
Las familias de los jóvenes han denunciado reiteradamente la lentitud y las omisiones de las autoridades, así como posibles actos de colusión con estructuras criminales, desde los primeros momentos de las pesquisas. Exigen no sólo justicia, sino acciones concretas de búsqueda y localización de sus seres queridos.
Hasta ahora no existen indicios públicos de que los desaparecidos hayan podido ser localizados con vida o de que se conozca su destino final después de ser separados de sus compañeros.
