El Radar
Por Jesús Aguilar
El proceso para renovar magistraturas en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, lejos de consolidar una imagen de institucionalidad y legitimidad, se ha convertido en el escenario de una nueva pugna política entre viejos y nuevos intereses del poder público en el ahora rebautizado Potosí.
La reciente elección del exfiscal y exsecretario de Seguridad Pública estatal, José Luis Ruiz Contreras, como nuevo magistrado, desató una ola de inconformidades que ha desembocado en una impugnación directa promovida por el magistrado saliente Juan Paulo Almazán Cué, figura polémica y de amplio historial oscuro dentro del aparato judicial.
La pugna no es solo jurídica; es profundamente política. Juan Paulo Almazán, quien fuera presidente del Supremo Tribunal, ha sido señalado en múltiples momentos por presuntos actos de corrupción, manejos opacos de recursos y un trato déspota hacia el personal a su cargo. A pesar de estas acusaciones, permaneció durante años en una posición de poder que parecía inamovible. Ahora que veía venir el potencial fin de su vigor, se alió con Morena para buscar su subsistencia. El cálculo le falló.
Su derrota en la elección interna del pasado 1 de junio, en la que quedó fuera de las ternas finales, no solo marcó el fin de su ciclo como magistrado, sino que activó una serie de mecanismos legales para intentar frenar el ascenso de su sucesor.
Acomodaticio y comodino, prefirió impugnar la elección para buscar colarse, que denunciar públicamente el manoseo abierto que esta sufrió. Nada más acorde a su estilo.
Del otro lado del tablero está José Luis Ruiz Contreras, un personaje que carga también con su propio costal de cuestionamientos. Fue fiscal general del estado y, previamente al proceso electoral, titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el actual sexenio, claramente vinculado con el proyecto político del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Su candidatura a magistrado ha sido impugnada bajo el argumento de no haber cumplido con los requisitos constitucionales para dejar su cargo anterior a tiempo, además de la evidente sospecha de utilizar su posición y contactos dentro del gobierno para favorecer su elección.
La pregunta de fondo no es solo legal —si Ruiz Contreras cumplió o no con los tiempos y formas—, sino de conveniencia política.
¿Quién gana y quién pierde si un exfiscal se convierte en magistrado? ¿Es esto parte de una estrategia del gallardismo para tener un pie firme dentro del Poder Judicial?
O más aún: ¿es posible que el propio gobernador haya sido sorprendido por la postulación de Ruiz Contreras, lo que explicaría el hermetismo y la falta de respaldo explícito al proceso?
En este tablero, la figura de Almazán Cué no aparece como la de un defensor de la legalidad, sino como alguien que, tras haber perdido su cuota de poder, ahora busca reinsertarse a través de los tribunales.
La impugnación que promueve está siendo analizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), quien recibió el pasado 19 de junio una petición de juicio de nulidad electoral, basada en el artículo 57 Bis fracción III de la Ley de Justicia Electoral. No se descarta que el conflicto escale a la justicia federal.
Más allá de los personajes, el proceso revela una preocupante fragilidad institucional. La elección de magistrados debería ser una expresión del equilibrio de poderes, de la consolidación de perfiles técnicos y éticos, no una pasarela de exfuncionarios ni un botín para quien acumule más influencia en los círculos de poder.
Es fundamental que la ciudadanía y los observadores del sistema judicial mantengan la mirada crítica sobre este proceso. No por la defensa de uno u otro personaje, sino por la necesidad de que el Poder Judicial recupere independencia, respeto y transparencia, en momentos en los que cada vez más decisiones clave de la vida pública —desde el control de la seguridad hasta el litigio sobre megaproyectos— pasan por sus manos.
Lo que está en juego no es simplemente una magistratura. Es la posibilidad de que San Luis Potosí avance hacia un sistema de justicia menos capturado por los intereses políticos y más comprometido con el bien común. La impugnación, entonces, deberá analizarse con rigor, sin filias ni fobias, como una oportunidad para revisar la ruta que sigue el Poder Judicial en el estado.
El resultado, cualquiera que sea, dejará lecciones importantes. Lo preocupante sería que, una vez más, la justicia termine siendo rehén de los acuerdos de élite.
