El intento del Congreso del Estado de San Luis Potosí de delegar la consulta indígena a una empresa encuestadora ha sido calificado como incorrecto y potencialmente violatorio de derechos fundamentales, advirtió el Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM).
Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del organismo, señaló que existe una confusión de fondo entre un ejercicio de opinión pública y una consulta indígena formal, ya que esta última implica procesos complejos de diálogo, deliberación colectiva y participación comunitaria, no solo la aplicación de encuestas.
La crítica surge luego de que el Congreso analizara la posibilidad de contratar a una empresa especializada en estudios de opinión para cumplir con la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como parte de resoluciones previas en materia de derechos indígenas.
De acuerdo con el OIM, delegar este proceso a una firma privada podría interpretarse como una “privatización” de un ejercicio democrático que corresponde exclusivamente al Estado, además de que podría vulnerar el principio de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
El organismo también advirtió que este tipo de decisiones contravienen la Constitución, particularmente el artículo 2°, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con capacidad de decisión colectiva, y no como simples objetos de estudio estadístico.
Asimismo, se señaló que la Ley de Consulta Indígena del estado establece que el proceso debe ser realizado por las propias instituciones públicas, con apoyo de instancias especializadas, y no por empresas privadas sin facultades legales para validar este tipo de ejercicios.
Otro de los puntos críticos es la falta de pertinencia cultural, ya que mientras las encuestadoras operan bajo metodologías de muestreo, la consulta indígena requiere asambleas comunitarias, tiempos de deliberación interna y, en muchos casos, el uso de lenguas originarias.
Finalmente, el Observatorio advirtió que, de llevarse a cabo bajo este esquema, el proceso podría ser nuevamente impugnado y eventualmente invalidado por la Suprema Corte, lo que implicaría no solo un retraso en el cumplimiento de la sentencia, sino un nuevo costo económico y político para el Congreso.
