Marcela Del Muro
La manta amaneció con dos grandes huecos que parecen cortados con navaja. La intención es clara: borrar su nombre, su memoria y las demandas de su familia. Borrar la exigencia de justicia por el feminicidio de Odalis Anahí Hipólito Jiménez. Esa manta se encuentra en el mismo lugar donde hallaron su cuerpo siete años antes, en uno de los últimos barandales de la zona de transferencia del transporte público, y fue colocada por sus sobrinas durante la manifestación del pasado 8M.
La familia señala que “no fue suicidio” y exige que el caso sea investigado de manera exhaustiva y con perspectiva de género. Ese mismo caso que la Fiscalía General del Estado ha cerrado en dos ocasiones, en marzo de 2019 y en junio de 2024, pues se exploró únicamente el suicidio como línea de investigación; sin cumplir con lo marcado en el amparo que reabrió por segunda vez el caso y dio esperanzas vacías a la familia Hipólito, quienes esperan la resolución de una impugnación.
Ese amparo que dio una segunda vida a la investigación se ganó en febrero de 2023. A la par, la abogada Sandra Gallegos, quien entonces laboraba en la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, emitió una opinión técnica que sugirió la realización de un peritaje en antropología social.
Desde mayo de 2022, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) firmó un convenio con el Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Violencia Feminicida, del Colegio de San Luis (Colsan), para realizar el peritaje antropológico de los casos de Fer Morán y de Odalis Hipólito; sin embargo, este último nunca se concretó. Por más de un año, la Fiscalía no dio seguimiento a la solicitud y el Laboratorio de Antropología tampoco asumió su compromiso. Hasta el 6 marzo de 2024, el apoderado general del Colsan informó que “la solicitud de colaboración para la emisión de un dictamen en materia de Antropología Social no fue correctamente planteada, por lo que debía presentarla nuevamente”, informó la Ministerio Público (MP).
La Fiscalía consideró que realizar nuevamente el trámite “implicaría prolongar aún más la determinación de la carpeta de investigación de origen” y giró un oficio para que la Unidad de Análisis y Contexto realizara la opinión técnica con los datos que contiene la carpeta de investigación. Esa misma carpeta construida para confirmar la única hipótesis: que aquella madrugada del 11 de marzo de 2018 la adolescente de 16 años se suicidó en uno de los barandales de la zona de transferencia del transporte público.
Ante una investigación que no cumple con los estándares de debida diligencia y exhaustividad, la función del peritaje antropológico era dar mayor entendimiento de los contextos de violencia que vivió Odalis, contribuir a la acreditación de las razones de género, aportar nuevas líneas de investigación, ayudar a identificar el daño que han generado los hechos a la familia y proponer medidas de reparación integral.
“La opinión técnica debe ser desechada. No constituye un medio de prueba, no es un medio idóneo; revictimiza porque recurre a la carpeta de investigación como su única fuente para el análisis y porque no tiene perspectiva de género, no es rigurosa ni se construye bajo principios y metodologías propias de la antropología social, incluyendo el trabajo etnográfico. La opinión técnica no puede ni debe sustituir a un peritaje antropológico con perspectiva de género”, denuncia la antropóloga Sofía Córdova, acompañante de la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas.
Esta opinión técnica permitió a la Fiscalía dar carpetazo por segunda ocasión al caso. A pesar de que el amparo que reabrió la investigación obligaba a las autoridades a informar todos los movimientos realizados en la carpeta, Carmelo Hipólito, papá de Odalis, se enteró de esta segunda opinión técnica hasta que fue notificado del no ejercicio de la acción penal, es decir, que el caso de su hija había sido cerrado.
Carmelo impugnó el cierre de la investigación y se amparó ante la opinión técnica. Ahora espera ser notificado sobre la resolución de ambos procesos judiciales.
La mañana del 10 de abril, la manta que señalaba “No fue suicidio”, fue rajada y ultrajada. Ahora sostiene la misma narrativa revictimizante de la Fiscalía, e intenta borrar el nombre y la exigencia de justicia para Odalis Anahí.
Este caso pone en evidencia “la disputa por la narrativa y la memoria, y la relación e influencia que tiene esto con el acceso a la justicia. Todas las familias de las víctimas tienen derecho a saber qué sucedió y para ello las autoridades tienen que agotar debidamente las investigaciones. Pero esto tiene un elemento adicional, dañar las lonas fue un acto en el espacio público derivado de una manifestación política con una exigencia clara, donde alguien desde el anonimato, cuidadosa y deliberadamente, quita la exigencia de justicia y la narrativa de la familia. Dando el mensaje de que lo que se pone se quita, lo que diga se borra, lo que se exige se elimina, lo que se afirma se desdice”, señala Sofía Córdova.
Carmelo Hipólito afirmá que quiere ser parte del proceso de investigación y exige se le informen todos los movimientos que se han hecho a sus espaldas, comenta que lo único que busca es que la Fiscalía profundice en la investigación del caso de su hija, y le dé una explicación, sin revictimizar y criminalizar, sobre la muerte de Odalis.
