[Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.]
#DatosCerrados | Fue diseñada para encarar la miseria en algunos municipios de México, pero no logró aminorar ese tristísimo panorama. En cambio, de 2013 a 2015, generó un flujo de dinero con 98 contratos de casi 500 millones de pesos; del cual, el 80 por ciento se concentró en difusión en medios informativos y parafernalia. Es parte de la historia del peñanietismo. Se trata del programa estelar del Gobierno que está por concluir para enfrentar la crisis alimentaria y fue gestionada por la Secretaría de Desarrollo Social cuya titular –en esa época– era Rosario Robles Berlanga.
En la paradoja, la más beneficiada fue Televisa –el consorcio a cuya dirección renunció Emilio Azcárraga Jean en octubre pasado– con dos convenios de poco más de 142 millones de pesos. Mientras se difundían testimonios que daban cuenta de la bondad de la cruzada, otros conceptos esenciales del programa, como adquisición de sistemas potabilizadores de agua o arrendamiento de vehículos, tuvieron menos dinero, apenas 93 millones.
En ese periodo, cuando la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) –gestora del programa– estuvo a cargo de Rosario Robles Berlanga, se firmaron 92 contratos por 386 millones 701 mil 401 pesos con 31 centavos para difundir “la nueva política social” impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en televisión, radio, periódicos, uniformes y playeras. De este conjunto de convenios, 89 se entablaron con medios informativos. Otros dos fueron para adquirir uniformes con “la nueva imagen institucional” de la cruzada. Uno más fue para comprar playeras con la insignia del programa.
Para los medios informativos fueron 272 millones 466 mil 628 pesos. A través de spots se difundieron testimonios que daban cuenta de una supuesta bondad de la Cruzada. Por ejemplo, doña Josefina Medina Torres, de Morelos, habló así ante una cámara de televisión, en 2015: “Muy agradecida estoy porque seguimos adelante. Estoy con el señor Presidente Peña Nieto a través de mi pueblo, mando todo mi agradecimiento porque nos está beneficiando con las obras de nuestra ayuda, de nuestro apoyo a la tercera edad, y a las obras de la comunidad, así es que le mando mis más felicitaciones al Presidente de la República”.
El Presidente Enrique Peña Nieto, bastón de mando en mano, dijo que los niños y jóvenes que recibirían apoyos de la Cruzada sentirían en carne propia los beneficios, porque tendrían una mejor alimentación y vivienda, y sus padres acceso a proyectos productivos para mejorar su calidad de vida. Foto: Presidencia de la República
El gasto en publicidad oficial que generó la Cruzada Nacional contra el Hambre benefició sobre todo a Televisa. El consorcio, a cuya Dirección General renunció Emilio Azcárraga Jean el 25 de octubre de 2017, obtuvo por dos contratos, 142 millones 691 mil 247 pesos. De mayor a menor, el segundo con más dinero fue Estudios Azteca, subsidiaria de TV Azteca, con 35 millones 988 mil 952 pesos.
Lo anterior resultó de la revisión de los contratos publicados en el Portal de Obligaciones y Transparencia por la Sedesol en cuanto a la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa estelar del Gobierno de Enrique Peña Nieto para paliar la pobreza extrema, anunciada en Las Margaritas, Chiapas, el 21 de enero de 2013. La búsqueda arrojó 98 contratos, un universo en el que predomina el concepto de “difusión”.
Hubo otros conceptos en los que se gastó; pero fueron los menos. Apenas nueve convenios por 93 millones de pesos en adquisición de cinco mil sistemas potabilizadores de agua, 14 mil bebidas para congelar (bolis), aplicación en campo de cuestionarios dirigidos a presidentes municipales, servicio de alimentos para 400 personas, revisión e identificación de beneficiarios con pobreza extrema, servicio de impresión de material informativo y arrendamiento de vehículos.
De ese grupo de contratos, el mayor fue para la Universidad Tecnológica de Tulancingo para la revisión e identificación de beneficiarios con pobreza extrema por 12 millones 528 mil pesos.
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Anunciado en enero de 2013, en Las Margaritas, Chiapas [un bastión zapatista y uno de los sitios más pobres de México], el programa fue destinado a siete millones de mexicanos, un universo que era parte de los más de 11 millones de individuos en pobreza extrema que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reconocía ese año. Dos años después ya se difundían anuncios con los supuestos logros de la cruzada. Pero el informe del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales (Coneval), dado a conocer el 23 de julio de 2015, arrojaba resultados diferentes: la población con carencia de acceso a la alimentación se había incrementado al pasar de 27.4 millones a 28 millones de mexicanos.
En abril de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto se puso un collar de flores y un jorongo. Además tomó el bastón de mando de la comunidad Mazahua de San José del Rincón, Estado de México, y anunció que mayo sería el mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En paralelo, los datos cerrados permeaban en la erradicación de la hambruna en México. En los informes de Cuenta Pública de 2013, 2014 y 2015, la Auditoría Superior de la Federación realizó varias observaciones a la Sedesol como “áreas de riesgo” en contrataciones con deficiencias, aplicación de programas sin planeación ni seguimiento y fallas en padrones. La dependencia desdeñó despejar las dudas sobre esos puntos. En sus documentos, la ASF advirtió: “Sin una política de padrones adecuada y unificada, los recursos públicos se otorgan de manera inequitativa, repetida, con opacidad y con el riesgo de que no se alcancen los objetivos de los programas gubernamentales de combatir la pobreza”.
Casi seis años después de haber sido lanzada, amanece igual o peor. Los alcances de la cruzada no están claros. La Auditoría Superior de la Federación determinó que al programa le faltó rendición de cuentas. Por ejemplo, la Sedesol no sustentó que los beneficiarios fueran pobres extremos en crisis alimentaria. Tampoco se acreditó el presupuesto que se destinó y no se comprobó en qué medida se atendieron las carencias de las personas en pobreza extrema alimentaria. Es la hora en que no se sabe qué se hizo para que casi siete millones de mexicanos abandonaran la condición del hambre.
