Pese a que ya se había señalado el total de la superficie de la Sierra de San Miguelito que el gobierno estatal desea que sea declarada Área Natural Protegida (ANP) y éste dispone de estudios previos, el acuerdo firmado por el Gobierno del Estado y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para lograr esa declaración no precisa ese dato ni expone detalles como el tiempo requerido para concretar la declaratoria.
El acuerdo fue firmado el 20 de agosto pasado entre el gobierno estatal y el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de la Semarnat.
El documento establece la creación de un grupo técnico de evaluación y seguimiento que coordinará los trabajos y que deberá estar creado a más tardar el 10 de septiembre próximo.
Dicho grupo deberá elaborar un estudio previo justificativo de la declaratoria, pese a que en una de las declaraciones del Ejecutivo estatal se establece que “cuenta con información técnica y documentos diversos que servirán para determinar la conveniencia de declarar como ANP” a la Sierra de San Miguelito.
El estudio correrá a cargo de la Conanp, que también establecerá sus tiempos. El gobierno estatal la apoyará en esa labor.
La dependencia federal y el gobierno estatal propondrán su respectiva terna de instituciones públicas o privadas para elegir de entre ellas a la que apoyará en la elaboración del estudio. El grupo técnico aprobará esa selección.
También se prevé una consulta pública sobre el establecimiento de la ANP entre los propietarios de predios serranos.
Además, el acuerdo también establece la colaboración y participación de organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, personas físicas y morales.
El acuerdo no prevé una superficie específica de la sierra que se consideraría incluir en la ANP, sólo menciona los municipios que abarca la capital, Villa de Reyes, Mexquitic y Villa de Arriaga.
Sin embargo, 12 mil 600 hectáreas de la sierra han sido declaradas ANP estatal
El acuerdo delega en la administración estatal la responsabilidad de gestionar los recursos financieros necesarios para ejecutar las acciones previstas.
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