María Ruiz
San Luis Potosí acumuló 481 averiguaciones previas del fuero federal entre enero y octubre según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que consolida los reportes de averiguaciones/carpetas iniciadas por las autoridades federales.
Las cifras muestran una concentración clara de casos en unos cuantos rubros, mientras que otros prácticamente no registran actividad. El comportamiento describe un patrón asociado a portación de armas, infraestructura de transporte y robo de combustibles.
San Luis Potosí registró 237 carpetas por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, casi la mitad del total. En segundo lugar aparecen los delitos en materia de hidrocarburos con 79 expedientes, seguidos por los relacionados con la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Aviación Civil, que suman 66 casos.
Le siguen 47 incidencias en otras leyes especiales, 19 por narcomenudeo, 16 por delitos electorales, 10 vinculadas a instituciones de crédito, cuatro de propiedad industrial, tres por delincuencia organizada y ninguna por la Ley de Migración.
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos abarca portación, posesión, comercio y tráfico de armamento, por lo que este volumen sugiere un foco operativo en aseguramientos o un problema extendido de portación ilegal.
Los delitos en materia de hidrocarburos incluyen robo de combustible, desvío de productos petrolíferos y comercialización ilícita; su presencia constante apunta a una afectación en ductos o rutas de transporte.
Los ilícitos en vías generales de comunicación se refieren a hechos cometidos en carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, con impacto en la infraestructura y la seguridad del transporte.
La categoría de otras leyes especiales agrupa delitos federales diversos no especificados en los rubros principales. El narcomenudeo corresponde a posesión y venta de drogas en pequeñas cantidades y suele derivar de detenciones locales.
Los delitos electorales incluyen compra o coacción del voto y uso indebido de recursos públicos. Las leyes financieras comprenden fraudes y operaciones ilícitas contra entidades bancarias. La Ley de Propiedad Industrial atiende violaciones a patentes y marcas, mientras que los pocos registros de delincuencia organizada pueden relacionarse con estructuras criminales específicas. En este periodo no se reportaron averiguaciones por la Ley de Migración.
El predominio de armas revela un riesgo sostenido de violencia y obliga a fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales para el control de armamento. El peso de los delitos de hidrocarburos y transporte evidencia afectaciones a la infraestructura logística y posibles rutas de aprovechamiento ilícito.
La baja incidencia en migración y delincuencia organizada puede responder a criterios de clasificación o a operativos concentrados en otras entidades. El narcomenudeo y los delitos electorales, aunque menos voluminosos, mantienen impacto directo en la seguridad local y en la integridad de procesos democráticos.
Con 481 carpetas, San Luis Potosí se ubica en un punto intermedio del ranking nacional, en torno al sitio 17, mientras que los estados que encabezan la lista son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz.
