La desaparición y asesinato de diez trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Corp en Concordia, Sinaloa, volvió a poner bajo la lupa un problema que desde hace años crece en distintas regiones del país: el interés del crimen organizado por controlar la actividad minera. La Fiscalía General de la República confirmó que en una fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde fueron localizados diez cuerpos, de los cuales cinco ya fueron identificados como parte de los mineros reportados como desaparecidos. Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer el móvil.
El rastro de los trabajadores se perdió cuando se dirigían a laborar a los yacimientos. Tras la denuncia por su desaparición, autoridades federales, con apoyo de colectivos de búsqueda, desplegaron un operativo que derivó en el hallazgo de la fosa el pasado 6 de febrero. El caso generó indignación y volvió a evidenciar cómo la disputa entre grupos criminales en Sinaloa impacta también en sectores productivos como la minería.
Concordia no es un municipio cualquiera. Desde hace años es considerado una de las zonas con mayores yacimientos de oro y plata en el estado. Esa riqueza lo ha convertido en objetivo de distintas facciones del Cártel de Sinaloa, especialmente desde 2017, cuando se intensificaron los enfrentamientos internos tras la captura y extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La pugna por el control del territorio y de las minas ha sido señalada como uno de los detonantes de la violencia en la región.
Investigaciones periodísticas locales señalan que desde 2012 municipios del sur de Sinaloa, como Rosario y Concordia, han sufrido desplazamientos, asesinatos y amenazas derivadas de la lucha entre grupos armados por dominar los yacimientos. En algunos casos, personas presuntamente vinculadas al crimen organizado han aparecido como concesionarios o participantes directos en operaciones mineras.
El interés de los cárteles por la minería no es nuevo. Desde 2014, funcionarios federales ya advertían sobre la relación entre concesiones mineras y el fortalecimiento de grupos criminales. Informes internacionales estiman que una parte de la producción de oro en México proviene de actividades ilegales y que en varios estados, como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, la minería ha estado bajo influencia de organizaciones delictivas.
En un inicio, la participación del crimen organizado se centraba en la extorsión a empresas y trabajadores. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos grupos pasaron a controlar directamente operaciones mineras, utilizándolas como fuente de ingresos y como mecanismo para el lavado de dinero. Esta diversificación también incluye el interés por otros recursos naturales como el gas, el petróleo e incluso el agua.
Además de grandes cárteles como el de Sinaloa o Los Zetas, también grupos regionales como Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos o Los Rojos han sido señalados por intentar infiltrarse en el sector. Organizaciones civiles han documentado cómo estas estructuras criminales han ampliado sus actividades más allá del narcotráfico para asegurar nuevas fuentes de financiamiento.
Guerrero es otro ejemplo donde la minería ha estado vinculada a la presencia del crimen organizado. Investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa señalaron posibles conexiones entre rutas de transporte y recursos minerales extraídos de forma ilegal. Estudios académicos también advierten que la riqueza mineral del estado, que incluye oro, plata y otros metales, lo vuelve vulnerable a la intervención de grupos armados.
En distintas regiones del país se han documentado casos donde comunidades son desplazadas, activistas ambientales amenazados y concesiones mineras operadas bajo presión criminal. La minería ilegal, o el control ilícito de minas legales, se ha convertido así en un negocio atractivo para los cárteles, que buscan ampliar su poder económico y territorial.
El caso de los mineros de Concordia es una muestra reciente de cómo la disputa por los recursos naturales puede tener consecuencias mortales. Mientras avanzan las investigaciones, queda en evidencia que la minería en México no solo representa una actividad económica estratégica, sino también un sector vulnerable ante la infiltración del crimen organizado.
