La organización Ciudadanos hasta la madre, en conjunto con Ciudadanos Observando y Acción Ciudadana, aseguraron que ayer presentaron una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado contra los integrantes del Cabildo capitalino, por los delitos de abuso de autoridad y asociación delictuosa, en virtud de los excesivos sueldos y compensaciones que “se autoasignan” y representan una ofensa a la ciudadanía, especialmente cuando los resultados de la administración municipal no corresponden con la calidad de los servicios que prestan a la ciudad.
“Estos delitos están plenamente configurados, plenamente probados, reúnen todos los elementos que establece el Código Penal. Presentamos esta denuncia porque los integrantes del Cabildo, regidores, síndicos y presidente municipal, abusando de la autoridad que tienen destinaron una cantidad desproporcionada para sus honorarios”, dijo Héctor Blanco Cedillo, integrante de Ciudadanos hasta la madre.
Señaló que la denuncia penal, bajo la averiguación 458/2015, ya fue recibida y ratificada por los integrantes de las mencionadas organizaciones.
Se destacó que el Cabildo de la capital ha costado al erario 30 millones 447 mil 469 pesos en los primeros 27 meses, tan solo el alcalde Mario García Valdez ha obtenido ingresos que superan el costo total de los cabildos de cada uno de los municipios de San Antonio, San Nicolás Tolentino, Villa Hidalgo, Tierra Nueva, Villa Juárez, Huehuetlán, Lagunillas, Armadillo de los Infante y Villa de la Paz, una cantidad de más 3 millones de pesos anuales, por lo cual tales excesos rayan en “un manejo delincuencial del erario”, conformado por las contribuciones que todos los potosinos hacen, lo que consideran representa un abuso de autoridad tipificado en el artículo 328 del Código Penal del Estado.
Finalmente, pidió a la procuraduría que asuma su responsabilidad en el trámite de esta denuncia, a fin de que se siente un precedente que impida que este tipo de abusos se vuelva a repetir y favorezca que quienes ocupan cargos públicos den preferencia a la resolución de los servicios que deben prestar.
Fuente: Jornada
