EL RADAR
El Editorial de Antena
Por Jesús Aguilar
México alargó y a nuestro juicio contaminó con evidente sesgo el proceso electoral del 2024. La única manera de que la 4T se quite de encima el horroroso mito del presidencialismo dictatorial y también que la oposición logre un resultado adecuado y equilibrante es fomentar la democracia participativa. Para todos el reto que daría un vuelco a la realidad es que aplastemos juntos al abstencionismo y en esa creencia clara nos unamos como país.
Desafortunadamente el modelo convencional de democracia representativa ha demostrado ser inadecuado para garantizar la eficacia y la eficiencia de la gobernanza pública.
Las decisiones tomadas en el ámbito de las políticas públicas tienen consecuencias de largo alcance que afectan a todos los miembros de la sociedad. Por ello, cada vez se reconoce más la necesidad imperiosa de implicar a los ciudadanos en los procesos de deliberación, debate y toma de decisiones inherentes a un modelo renovado de gestión pública, caracterizado por una mayor participación ciudadana.
El reto de la participación ciudadana no reside tanto en su definición como en su aplicación práctica, mantenernos como opinantes de LIKE o DISLIKE en redes sociales, es la reciclada y pobre costumbre de resolver el mundo en pláticas de cerveza o de café.
No obstante, la esencia de la participación ciudadana puede entenderse como el conjunto de principios y actividades encaminadas a potenciar la implicación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés público que les afectan directamente. Este concepto representa la esencia misma de la gobernanza democrática, donde el compromiso activo de la ciudadanía es fundamental. Sin una vía abierta a la participación ciudadana, los principios fundamentales de la democracia se ven comprometidos. De ahí que la noción de democracia participativa, aunque algo repetitiva, sirva para recordar y reforzar la idea de que el compromiso activo de los ciudadanos es esencial en los sistemas democráticos. Este énfasis es brutalmente necesario ya que los sistemas democráticos pueden, en ocasiones, restringir y canalizar inadvertidamente la participación ciudadana hacia procesos específicos y limitados, distorsionando así potencialmente la verdadera esencia del “gobierno del pueblo”. Así lo han intentado desde la narrativa del actual gobierno justificando que cada acción y abuso es para beneficiar a su audiencia, los pobres.
Para profundizar en este concepto, es vital comprender que la democracia representativa, que ha sido tradicionalmente la piedra angular de la gobernanza moderna, implica que los ciudadanos eligen a representantes para que tomen decisiones en su nombre. Aunque este sistema ha demostrado su eficacia en muchos aspectos, también tiene limitaciones inherentes. En un mundo caracterizado por retos complejos y polifacéticos, la democracia representativa tradicional puede quedarse corta a la hora de representar adecuadamente las diversas perspectivas e intereses de la ciudadanía. Además, los cargos electos pueden a veces dar prioridad a sus propias agendas o plataformas de partido sobre el interés público general, lo que provoca una sensación de privación de derechos y desilusión entre los ciudadanos.
¿Cuántos de los diputados y senadores actuales que son depositarios de nuestra representación realmente la ejercen?
Ninguno.
Aquí es donde el concepto de participación ciudadana pasa a primer plano. Es el reconocimiento de que una democracia próspera no se define únicamente por la celebración periódica de elecciones, sino también por el compromiso activo y permanente de los ciudadanos en la formulación de políticas y decisiones. Esta participación adopta diversas formas, que van desde las asambleas municipales y las consultas públicas hasta la implicación en iniciativas comunitarias locales, pasando por funciones más sustanciales en la creación y aplicación conjunta de políticas. En esencia, capacita a los ciudadanos para influir directamente en la dirección y las prioridades de su gobierno.
Al integrar una dimensión participativa en la democracia, reconocemos que los ciudadanos no son observadores pasivos, sino contribuyentes activos a las decisiones que afectan a sus vidas. Esta participación activa no sólo enriquece la calidad de las decisiones al incorporar perspectivas diversas y conocimientos locales, sino que también refuerza la legitimidad y la responsabilidad de las instituciones de gobierno. En esencia, fomenta un sentimiento de copropiedad de la esfera pública entre los ciudadanos.
No obstante, lograr una participación ciudadana significativa no está exento de dificultades. Exige el establecimiento de plataformas y procesos inclusivos, accesibles y transparentes. Requiere el compromiso, tanto de las instituciones gubernamentales como de los propios ciudadanos, de participar de forma constructiva y respetuosa en los procesos deliberativos. Además, requiere el reconocimiento de que la participación no es un enfoque único, ya que el nivel y el modo de participación pueden variar en función del problema y de la comunidad implicada.
El concepto de participación ciudadana no es un mero ideal abstracto, sino un elemento concreto y esencial de la gobernanza democrática contemporánea.
Significa un alejamiento del modelo tradicional de democracia representativa hacia una forma de gobierno más inclusiva, participativa y receptiva. Al reconocer el valor intrínseco del compromiso activo de los ciudadanos, reforzamos los cimientos de la democracia y reafirmamos su esencia como “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
Necesitamos incentivar, desde la sociedad civil, los medios de comunicación activos y responsables, abiertos y sin etiquetas, las organizaciones no gubernamentales y los liderazgos sociales auténticos esta participación ciudadana, es la clave para lograr una verdadera transformación, el cambio que anuncian con bombo y platillo cada 3 y 6 años y que termina en los contenedores de basura junto a los miles de millones de pesos en propaganada fatua.
