Fernanda Durán
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Denisse Porras Guerrero, advirtió que actualmente no existe un marco jurídico que regule el uso de la inteligencia artificial en las campañas electorales, por lo que las autoridades deberán prepararse para enfrentar este reto rumbo a la elección de 2027, cuando San Luis Potosí renovará la gubernatura.
Aunque reconoció la polémica que ha generado el tema en la entidad, sostuvo que las instituciones no pueden ignorar una realidad que ya influye en la vida pública y política.
“No entrarle al tema no es una opción, porque vamos a tener que enfrentarnos a él sí o sí”.
La magistrada señaló que las campañas se desarrollan cada vez más en entornos digitales y que las llamadas “campañas negras” suelen difundirse mediante la creación y circulación de contenidos en esas plataformas.
Porras Guerrero afirmó que el sistema electoral mexicano, pese a ser uno de los más desarrollados en términos normativos, carece de reglas sobre inteligencia artificial, campañas en entornos virtuales, avatares y metaverso.
“No hay un marco jurídico ni robusto ni débil porque simplemente no existe”.
No obstante, precisó que cualquier eventual regulación debe respetar plenamente los derechos humanos y la libertad de expresión.
“Coincidimos en la postura de jamás limitar garantías, derechos ni libertades, pero tampoco cerrar los ojos a lo que ya está enfrente”.
La presidenta del TEE consideró que el debate debe abordarse cuanto antes, pues el futuro de la democracia se desarrollará en buena medida en el ámbito digital “y nosotros tenemos que estar a la altura”.
Respecto al proceso electoral de 2027, reconoció que ante la ausencia de reglas específicas, las autoridades electorales deberán construir criterios a partir de precedentes nacionales e internacionales y de los casos que eventualmente lleguen a tribunales.
“Vamos a tener que estar reaccionando con antecedentes internacionales y con la luz que nos pueda dar la Sala Superior”.
Por último, comentó que el reto será garantizar tanto los derechos de las personas involucradas como la equidad en la competencia electoral.
