En agosto del año pasado denunció a unos integrantes de La Unión Tepito que lo tenían bajo amenaza y lo obligaban a pagar una extorsión de 5 mil pesos por local a cambio de “dejarlo trabajar” y no molestarlo.
Luego de más de ocho meses de pagar y cuando la crisis lo alcanzó a raíz de la pandemia por Covid-19, Artemio se armó de valor, confió en las autoridades y los denunció.
Luego de eso, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) implementaron un operativo para auxiliarlo y detuvieron a cinco jóvenes quienes le pedían el dinero.
Seis meses después, los extorsionadores salieron de prisión y volvieron a las calles para seguir hostigando al pequeño empresario. “Mi error fue confiar en las autoridades, ahora ellos saben que yo los denuncié y me están cobrando el doble de lo que me pedían. Tienen todos mis datos y los de mi familia, ahora estoy en manos de ellos”, cuenta la víctima a EL UNIVERSAL.
Ahora exige a las autoridades capitalinas seguridad y garantías para que no le hagan daño o lleguen a incendiar uno de sus locales, como ya se lo advirtieron. El pequeño empresario dice que en muchas ocasiones se les da prioridad y más beneficios a los extorsionadores y no a ellos, “a mi extorsionador lo denuncié, se fue a la cárcel y ahora regresó y me está pidiendo el doble, ya no se a quién acudir”, cuenta Artemio, quien la crisis lo obligó a cerrar dos de sus locales y despedir a sus empleados; a pesar de eso, debe seguir pagando el “derecho de piso”.
La extorsión es uno de los delitos que las autoridades capitalinas no han podido erradicar ni controlar; en las zonas comerciales de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztapalapa, Tlalpan y Gustavo A. Madero, desde el vendedor de fritangas en las calles, los negocios establecidos hasta los mercaderes pagan el llamado “derecho de piso” impuesto por los diversos grupos criminales que operan en esas demarcaciones.
Modalidades
Cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) detallan que existen al menos 15 grupos dedicados a este negocio ilícito en la Ciudad, los cuales se han especializado, pues mientras algunos se dedican a extorsionar al comercio informal, otros a los negocios establecidos como tortillerías y tiendas de abarrotes; en contraparte, los detenidos e imputados por ese delito solamente pasan en promedio ocho meses en prisión, pues ni una de las víctimas llega a ratificar la denuncia contra ellos.
Los datos revelan que si bien la incidencia de la extorsión —denuncias— ha disminuido 5% entre 2020 y 2021, en los hechos y en las calles esto se sigue registrando.
“Para erradicar este problema se debe legislar de fondo, es decir, deben existir leyes que sean más severas contra quienes cometen ese flagelo, de lo contrario seguirán abusando de la puerta giratoria de este nuevo sistema de justicia penal”. dijo Rosendo Olarteaga, abogado especialista en juicios orales.
Detención
Agentes adscritos a la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro ejecutaron la orden de aprehensión contra Alexia Itzayana “N”, de 28 años, en la colonia Independencia, Benito Juárez, acusada de extorsión y estaría relacionada con el grupo delictivo de Juan Balta.
El Universal
