“¡Bueno, esta vieja no entiende!, ya balearon a su hija, ya le mataron al marido, hay que echársela a ella para que entienda”.
Lo anterior fue parte del comentario que el recaudador de Rentas del municipio de Carichí, Mario Aranda Gutiérrez, hizo al ganadero acusado de invasión de tierras Jesús María Sandoval Espino el pasado 5 de mayo, refiriéndose a la abogada Estela Ángeles Mondragón.
El funcionario amenazó con que si Mondragón “no entiende” o no desiste de litigar a favor de los indígenas, la asesinarán.
Sin embargo, la plática fue escuchada por amigos de la defensora de los rarámuris y de inmediato la alertaron, según se asienta en la denuncia que interpuso el director de Gobernación estatal, Wilfrido Campbell Saavedra el martes pasado.
Campbell sugirió a la abogada que extreme precauciones porque las amenazas se han incrementado a la par que se desahogan los juicios contra ganaderos invasores, en materia agraria, de tipo penal, por el delito de despojo, ya que se volvieron a ocupar tierras que un tribunal agrario restituyó al ejido indígena en noviembre de 2011.
Ángeles Mondragón, quien el mes pasado ganó el Premio Nacional de Derecho Humanos “Sergio Méndez Arceo” es una de los 10 defensores de Chihuahua que goza de medidas cautelares por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La denuncia advierte que Aranda Gutiérrez recaba documentación de los ejidatarios implicados en 32 juicios agrarios y les ha dicho que de su cuenta corre que los volverá a meter a los terrenos que ya ganaron los rarámuris de Baquiachi.
“…entendemos que son tiempos de campañas políticas y que los políticos suelen prometer lo que quieren sin ninguna consecuencia para ellos; sin embargo, consideramos que lo que no es legal que hagan los políticos y menos si es un funcionario público, es lanzar amenazas a cualquier ciudadano y mucho menos instigar a grupos o personas a cometer algún delito como lo es la invasión de tierras o el atentar contra la integridad de las personas”, indica la denuncia.
La querella se interpuso debido a que hay temor de que se cumplan las amenazas, por los siguientes antecedentes: el homicidio del abogado y esposo de Estela Ángeles, Ernesto Rábago Martínez (el 1 de marzo del 2010); el incendio de despacho de la abogada; un ataque que sufrió su hija Denny Loya Ángeles, a quien le dieron un balazo en el brazo el 18 de febrero del mismo año; y un intento de homicidio contra Ángeles Mondragón el 3 de octubre del 2010.
La abogada y la comunidad de Baqueachi son respaldadas por varias organizaciones que están atentas del caso y de su integridad, ya que las amenazas aumentaron cuando al Ministerio Público citó al ganadero a invasor José María Sandoval Espino, para que respondiera por las acusaciones de despojo y no acudió.
Sandoval Espino invadió de nuevo las tierras que el Tribunal Agrario ya había restituido a los indígenas en el 2011. El ganadero ahora tiene ahí más de cien vacas, aun cuando ya se había reforestado el terreno con programas oficiales.
Ángeles Mondragón responsabiliza a Mario Aranda Gutiérrez, Jesús María Sandoval Espino y a Juan Manuel Romero Miranda por el daño que sufra la integridad física de cualquier miembro de la comunidad de Baqueachi o su familia y/o patrimonio.
Con información de: http://www.proceso.com.mx/?p=342456
