Una madre de familia y presidenta del comité del programa “La Escuela es Nuestra” de la escuela primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la comunidad de Cerrito de Rojas en el municipio de Ahualulco, ha levantado la voz para denunciar una serie de irregularidades en la ejecución de dicho programa. Bajo condición de anonimato por temor a represalias, relata cómo la situación se ha vuelto insostenible y perjudicial para la comunidad educativa.
Desde el inicio, Alejandra Montes, la servidora de la nación encargada en el municipio, recomendó al ingeniero Rafael, asegurando que su trabajo era de calidad. Basándose en esta recomendación, se le asignaron 100 mil pesos para mejoras en la escuela. Sin embargo, Rafael no cumplió con sus obligaciones, completando menos del 10% del trabajo pactado. Cuando los padres intentaron localizarlo, descubrieron que el domicilio registrado en el contrato estaba deshabitado. Al comunicarse finalmente con él, Rafael argumentó que la veda electoral había impedido su labor, una excusa que aumentó las sospechas de los padres.
La situación se tornó más alarmante cuando, tras investigar, los padres descubrieron que otros centros educativos en el mismo municipio, como la primaria y el jardín de niños en la cabecera de Ahualulco y en la comunidad de Temazcal, enfrentaban problemas similares con el mismo ingeniero y la servidora de la nación. La desconfianza creció al saber que ni Rafael ni Alejandra Montes quisieron proporcionar documentos esenciales como la cédula profesional e identificaciones.
Recientemente, los servidores de la nación presentaron a otro ingeniero de la misma empresa que había incumplido con los trabajos anteriores, como una solución para completar las obras pendientes. Esta propuesta fue rechazada por el comité y las madres, quienes sienten que se les culpa injustamente y se les intenta manipular. Las investigaciones realizadas por los padres revelaron que la empresa contratada es una entidad fantasma, lo que agrava aún más la preocupación y la frustración.
Ante la gravedad de la situación y la falta de apoyo de las autoridades locales, las madres de familia han decidido alzar su voz y buscar ayuda externa para ser escuchadas. Esperan que su denuncia sea tomada en serio y se realicen las acciones necesarias para asegurar la transparencia y el cumplimiento adecuado de los programas gubernamentales que afectan directamente la educación y bienestar de sus hijos.
