El desalojo de cerca de un centenar de familias indígenas tének asentadas en el predio conocido como La Peña, en la Huasteca potosina, ha escalado a una nueva etapa de confrontación luego de que organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos denunciaran presuntas irregularidades jurídicas e institucionales en el manejo del conflicto agrario.
De acuerdo con Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, la ejecución de la orden judicial no puede analizarse como un hecho aislado ni atribuirse exclusivamente a la actuación del juez responsable del procedimiento, sino que es consecuencia de una serie de omisiones cometidas por distintas dependencias federales.
El activista sostuvo que una minuta de trabajo celebrada el 12 de mayo de 2026 entre representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Procuraduría Agraria (PA) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) demuestra que las autoridades tenían conocimiento previo del riesgo de confrontación y de las amenazas que enfrentaban las familias establecidas en el lugar.
Según Cisneros Sánchez, pese a contar con información sobre la complejidad del caso, las instituciones involucradas no lograron concretar acciones preventivas ni mecanismos eficaces que permitieran evitar el desalojo y sus consecuencias sociales.
“El problema no es únicamente la actuación del juez; existen responsabilidades derivadas de la falta de regularización de la representación jurídica de las familias y de la ausencia de medidas para contener el conflicto”, señaló.
La disputa gira en torno al predio La Peña, cuya extensión se estima entre 165 y 200 hectáreas. De acuerdo con los antecedentes expuestos por organizaciones acompañantes, la propiedad perteneció originalmente a particulares que abandonaron las tierras tras enfrentar dificultades financieras relacionadas con créditos bancarios.
Desde entonces, trabajadores y familias que habitaban el lugar continuaron ocupando y aprovechando el terreno para actividades productivas, situación que, afirman, se ha mantenido durante varias décadas.
Las aproximadamente 100 familias tének que permanecen vinculadas al conflicto sostienen haber ejercido una posesión continua sobre el predio, condición que, de acuerdo con especialistas en materia agraria, podría derivar en el reconocimiento de derechos asociados a figuras jurídicas como la prescripción adquisitiva o usucapión.
Entre los antecedentes del caso también figura la intervención del extinto Comité de Regulación de Terrenos con Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), a través del cual incluso se realizaron avalúos oficiales para explorar alternativas orientadas a la adquisición social del terreno.
Para los representantes comunitarios, estos elementos evidencian que el propio Estado mexicano reconoció, en distintos momentos, la necesidad de impulsar mecanismos de regularización que favorecieran a las familias asentadas en La Peña.
Los defensores de derechos humanos argumentan además que la ejecución del desalojo pudo haber vulnerado diversos derechos reconocidos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por instrumentos internacionales, entre ellos el derecho a la tierra, la vivienda y el territorio de los pueblos indígenas establecidos en el Artículo Segundo Constitucional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Asimismo, señalaron que el caso debió analizarse bajo una perspectiva indígena, criterio que ha sido desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos relacionados con comunidades originarias, privilegiando el diálogo y la protección de derechos colectivos antes de recurrir a medidas coercitivas.
Otro de los cuestionamientos se dirige a la Procuraduría Agraria, debido a que, según la minuta referida, existían compromisos previos para promover procedimientos encaminados a la regularización de la tierra, los cuales no llegaron a concretarse.
De igual forma, las organizaciones señalaron a la Secretaría de Gobernación, al considerar que las acciones acordadas para prevenir una escalada del conflicto fueron insuficientes o no se materializaron oportunamente.
Ante este escenario, los colectivos que acompañan a las familias afectadas anunciaron que buscarán llevar la defensa del caso a instancias nacionales e internacionales, apoyándose en criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección de territorios históricamente ocupados por comunidades indígenas, incluso cuando existan controversias relacionadas con la propiedad privada.
Mientras tanto, las familias tének continúan exigiendo una solución integral que reconozca su permanencia histórica en el territorio y garantice el respeto a sus derechos colectivos, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa los desafíos pendientes en materia de justicia agraria, protección de pueblos indígenas y coordinación institucional en México.
