Trabajadores y extrabajadores de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública denunciaron que durante la gestión de Marx Arriaga Navarro se vivió un ambiente laboral marcado por el miedo, el hostigamiento y los malos tratos. Según testimonios, el exfuncionario tenía una actitud autoritaria, se dirigía de forma grosera a sus subordinados y reaccionaba con enojo cuando alguien cuestionaba sus decisiones. Incluso señalaron que quienes no coincidían con su forma de pensar eran marginados o enviados a laborar en bodegas fuera de la ciudad. También afirmaron que durante su administración hubo más de 30 despidos que consideran injustificados.
Además del clima laboral, los trabajadores acusaron la existencia de presuntos cobros ilegales dentro de la dependencia. De acuerdo con testimonios, a empleados contratados por honorarios se les solicitaban depósitos de dinero bajo el argumento de que esos recursos eran necesarios para cubrir proyectos o servicios internos. Algunos señalaron que estas aportaciones eran promovidas por Sady Arturo Loaiza Escalona, quien ocupaba un cargo directivo dentro del área y colaboró en la elaboración de los libros de texto gratuitos.
Una queja formal presentada el 12 de enero de este año ante el Órgano Interno de Control de la SEP por la subdirectora Samantha Natalia Ríos Villanueva señala que Loaiza Escalona pedía a los trabajadores “sondear” entre sus compañeros la posibilidad de aportar dinero. Según su testimonio, estas solicitudes contaban con el conocimiento del entonces titular, Marx Arriaga Navarro. La funcionaria explicó que incluso se les indicaba preguntar directamente a los trabajadores si podían hacer aportaciones económicas para supuestos proyectos.
Como parte de las pruebas, existen capturas de conversaciones de WhatsApp en las que empleados confirmaban transferencias de dinero. En algunos casos, se reportaron depósitos de hasta 38 mil pesos, con la promesa de obtener una plaza dentro de la dependencia. También se identificaron cuentas bancarias registradas con nombres distintos, presuntamente utilizadas para recibir estos recursos.
En otro episodio, la misma subdirectora relató que tras una denuncia interna sobre posibles irregularidades, fue llamada por Marx Arriaga, quien le pidió solicitar la renuncia de un trabajador involucrado, argumentando que así evitaría problemas si se iniciaba una investigación. Posteriormente, el exfuncionario la citó nuevamente y le dijo que existían acusaciones en su contra por presuntamente pedir dinero, lo que ella negó, asegurando que no existían pruebas. Según su testimonio, percibió un tono intimidatorio durante esa conversación.
Otro trabajador, identificado como Omar Guadarrama Enríquez, también presentó un escrito en el que aseguró que realizó depósitos a otros empleados siguiendo indicaciones de sus superiores, bajo el entendido de que era parte de sus funciones. Afirmó que estas acciones eran conocidas por los directivos del área, incluyendo al propio Marx Arriaga.
Los trabajadores coincidieron en que el comportamiento del exfuncionario generó un ambiente de tensión constante. Aseguraron que muchos acudían a su lugar de trabajo con temor, debido a los constantes regaños y a la posibilidad de ser despedidos. También mencionaron que el exdirector solía manifestar abiertamente su postura política, lo que, según ellos, influía en su trato hacia el personal.
Marx Arriaga Navarro fue separado de su cargo recientemente, en medio de estas acusaciones que señalan presuntos actos de corrupción, presión laboral y abuso de autoridad dentro de la Secretaría de Educación Pública.
