A pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo ya fue despenalizada en San Luis Potosí, persisten reportes de mujeres a quienes se les ha negado este servicio en hospitales públicos, una situación que será revisada por el Congreso del Estado para asegurar que la ley se cumpla.
La diputada Frinné Azuara Yárzabal, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, señaló que el acceso a este procedimiento es un derecho y debe garantizarse sin excepciones en todas las instituciones de salud. Por ello, advirtió que se pedirán explicaciones a los hospitales donde se hayan presentado rechazos.
La legisladora adelantó que se sostendrán reuniones directas con los responsables de los hospitales señalados, con el objetivo de exponer los casos detectados y exigir que se respeten las políticas públicas vigentes. Subrayó que no se permitirá que decisiones internas estén por encima de la ley.
Azuara Yárzabal reconoció la labor de organizaciones y colectivos que han denunciado estas negativas, ya que su participación permite identificar en qué centros médicos no se está cumpliendo con lo establecido. Aseguró que el Congreso dará seguimiento puntual a cada reporte.
Finalmente, afirmó que se solicitarán cuentas tanto al IMSS-Bienestar como a cualquier otra institución pública que no garantice la atención. Recalcó que las mujeres que soliciten este servicio deben recibirlo conforme a su derecho y sin obstáculos.
