Cada vez son más las denuncias que apuntan a los abusos cometidos por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí, donde un retén instalado en la carretera 57, a la altura de la comunidad de Pocitos, estaría siendo utilizado para extorsionar a paisanos y turistas.
Según testimonios, el retén fue colocado tras la llegada de Marco Antonio Inda Jaime como nuevo delegado de la FGR en el estado. Con el pretexto de inspeccionar vehículos en busca de objetos o sustancias ilegales, los agentes piden a los pasajeros una “aportación” forzada de 100 dólares por persona, sin posibilidad de negarse.
Las denuncias señalan que quienes se resisten son sometidos, despojados de sus teléfonos y forzados a pagar una cuota mayor. Personal de empresas de autobuses han informado que cada unidad regresa con al menos 32 pasajeros a bordo, y considerando que circulan unas 30 unidades diarias desde Estados Unidos, se estima que los agentes podrían recolectar hasta dos millones de pesos al día mediante estas extorsiones.
Algunas versiones internas de la FGR sugieren que el delegado Inda Jaime, proveniente de Guanajuato, estaría buscando obtener recursos ilegales a través de este retén. Además, se afirma que su antecesor estableció una tarifa de 10 millones de pesos mensuales para evitar molestias a los transportistas, pero con el cambio de mandos, las condiciones también se habrían modificado.
Hasta el momento, la FGR no ha emitido una postura oficial sobre estas denuncias, mientras que los paisanos y ciudadanos afectados continúan exigiendo una investigación y el cese de estas prácticas.
