“Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte.
-No se ve nada.
-Ya debemos estar cerca.
-Sí, pero no se oye nada.
-Mira bien.
-No se ve nada.
-Pobre de ti, Ignacio.”
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El pasado 23 de Mayo Amnistía Internacional presentó su Informe sobre los Derechos Humanos 2013, para nuestro país el evento se realizó en Ciudad de México ante más de 400 personas, entre activistas, medios de comunicación y autoridades. Este posicionamiento siempre es esperado puesto que es uno de los aportes con mayor legitimidad en la materia. Como un movimiento internacional permanente conformado por 3 millones de personas y con presencia en cerca de 150 países, su labor tal y como ellos mismos lo afirman es independiente de todo gobierno, ideología política o credo religioso y se financia a través de donativos y por la contribución de su membrecía.
Para éste informe abordaron acerca de la utilidad de las nuevas tecnologías y de las herramientas de internet gracias a lo cual es posible enterarse de lo que sucede en casi cualquier punto del orbe, esto fue empleado por los activistas de derechos humanos, pero también por el ciudadano de a pie para denunciar las agresiones, los excesos de sus mandatarios, la represión y la violencia. Otro punto importante es la mirada que brindan a los conflictos armados y en general a las violaciones de derechos humanos, a partir de la preocupación porque tales actos continúen siendo reducidos por los gobiernos a través de una mal empleada soberanía. De este modo, es decir, sobre la línea de priorizar a los derechos humanos como un tema que no tiene fronteras en la búsqueda para su pleno goce y ejercicio, ha sido expuesta la situación de 159 países, a través del registro y la investigación de abusos como la tortura, los desalojos forzosos, las desapariciones forzadas, los homicidios ilegítimos y violencia contra las mujeres.
Para el caso de México, lo primero a notar es el resumen del sexenio de Felipe Calderón, sus omisiones y su estrategia de política criminal que priorizó el conflicto armado por encima de los derechos humanos y de la prevención. Es así que al concluir su mandato, Amnistía nombra a las más de 60, 000 víctimas asesinadas y a 150,000 personas desplazadas de sus hogares a raíz de la violencia. Es un principio ominoso, como lo fueron todas las decisiones en materia de seguridad y a lo que el Informe no reduce un ápice, describiendo claramente que la impunidad, la corrupción, la injusticia dieron pie al conjunto de crímenes que padecieron los y las mexicanas.
Respecto a ellas, las mujeres y niñas del país, el informe va a por denunciar que las víctimas de violencia sufrieron por actos como las palizas, los secuestros y los asesinatos. Que la legislación en la materia no fue efectiva, en parte porque se sigue sin capacitar a los funcionarios para el abordaje de los delitos que tienen que ver con la violencia de género y porque no se supervisó el cumplimiento de esas leyes. Sabemos desde luego que hubo compromisos, que hay obligaciones vinculadas a la observancia del derecho internacional, que contamos con instrumentos específicos en materia de violencia contra las mujeres, sin embargo, los responsables eludieron a la justicia. Al parecer en algunas entidades federativas, se conformaron con tipificar el feminicidio pero no con revisar sus demás legislaciones en donde persistieron inconsistencias y estructuras contrarias a los derechos humanos de las mujeres.
Ciertamente se presta éste delito para el ejemplo de las incongruencias del poder, porque a pesar de que todas las mujeres en el país contamos con los mismos derechos, al menos a la letra y que en el feminicidio, el bien jurídico tutelado sería el mismo, cada Estado ha hecho su propia construcción penal, o la ha copiado de otro. Sin ton ni son, como en México saben hacerse las cosas.
Y si quiere otro, pues ahí está que luego de seis años de contar con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es que no ha habido una sola aplicación de la alerta de género y eso a pesar de la tremenda vulnerabilidad con la que viven las mujeres, de los riesgos que corren por el hecho de serlo, de las muertas que se van sumando desde hace más de tres décadas contando a partir del crimen de Cinthya Liliana González Rivero de 1983 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
¿Cuánta violencia y cuántas víctimas se requerirían para que en un Estado se actúe? La Ley de Acceso no señala un número específico de delitos de orden común, contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres para dar pie a que se emita la alerta. ¿Tendrían que haberlo hecho? Dice ahí que tienen que perturbar la paz social en un territorio determinado y que la sociedad así lo reclame. Pero la paz no está aquí desde hace tanto… Y el territorio, dejo de ser nuestro y a la sociedad… ¿le importa?
Claudia Almaguer.
Twitter: @Almagzur.
**Juan Rulfo (El Llano en llamas, 1953)
