Por Estela Ambriz Delgado (Astrolabio)
Este martes 9 de junio, personas que permanecían en un campamento para resguardar un predio de la comunidad tének La Peña, en el municipio de Tampamolón Corona, fueron despojadas mediante el uso de la fuerza bruta por civiles y elementos de la Guardia Civil Estatal, además de que derivado de esto se desconoce el paradero de una mujer y cinco hombres que fueron sustraídos.
Pedro González Gómez, secretario del comité estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y secretario de pueblos indígenas del Comité Ejecutivo Nacional, informó que los compañeros de esta comunidad avisaron que, desde las 6:00 de la mañana se presentaron hombres vestidos de negro sin ninguna insignia de alguna autoridad, y posteriormente arribaron patrullas de GCE y Policía Ministerial, quienes argumentaron estar por orden de un juez.
De acuerdo a lo relatado por quienes estaban presentes, los elementos y los otros sujetos, que eran alrededor de cien, iban armados y preparados para agredir, además de cargar con toletes y escudos protectores. Hicieron uso de la fuerza bruta contra hombres, mujeres, e incluso infancias, personas con discapacidad y adultos mayores.
El saldo preliminar de esta agresión incluye la detención de nueve personas, integrantes de la comunidad indígena. Si bien tres de los detenidos fueron puestos en libertad horas más tarde tras la presión social, seis personas continúan desaparecidas y con paradero desconocido.
Entre los rostros de quienes se ignora su ubicación legal y física se encuentra una mujer joven de la comunidad, lo que eleva el riesgo de violaciones graves a sus derechos humanos y su integridad personal. Sus nombres son: Adriana Santos Bautista, Anselmo Gómez Juana, Antonio Reyes Martínez, Antonio Reyes Santiago, Feliciano Santos Sánchez, y Miguel Santos.
Asimismo, preocupa lo señalado por las tres personas que fueron liberadas más tarde, quienes reportan que el dirigente de la comunidad Anselmo Gómez, lo llevaban inconsciente en la patrulla que los transportaban. Además de que a ellos los revolcaron, patearon, arrastraron, golpearon, y los abandonaron en el camino.
La situación fue informada en primera instancia al representante de la Procuraduría Agraria en el estado, Enrique Rivera Sierra, quien a su vez puso en conocimiento al titular de la dependencia Víctor Suarez Carrera. Asimismo, se denunció la situación ante la Sedatu y la Secretaría de Gobernación federal, y se envió un escrito a la presidencia de la República.
30 años de omisión institucional
González Gómez dejó en claro que los habitantes nunca invadieron, se asentaron en el lugar luego de que hace más de 30 años los trabajadores fueran abandonados a su suerte por los dueños de los ranchos. Se quedaron a vivir mientras que llegaba su pago y/o liquidación, lo que nunca sucedió, por lo que comenzaron a trabajar la tierra para poder sobrevivir.
El predio La Peña originalmente estaba conformado por una serie de ranchos particulares que fueron abandonados, y desde entonces, aproximadamente 100 familias de origen indígena tének se asentaron en la extensión de 200 hectáreas, por lo que han mantenido la posesión de manera continua, pública y pacífica.
“Ahí habitan cien familias tének, ahí nacieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, son originarios de las tierras que ahora quieren despojarlos, después de tener los 30 años en posesión”.
El secretario indicó que, posteriormente, en la década de los 90, llegó una organización llamada Central Campesina Cardenista que los asesoró, y 10 años después se incorporaron a la CIOAC, por lo que llevaron a cabo diversas gestiones para ingresarlos en programas de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria.
Desde entonces, y a través de diversas administraciones estatales, se ha intentado regularizar el terreno, para lo que se ha acumulado un expediente con diversos documentos, pero desde los tiempos del gobernador Horacio Sánchez Unzueta hasta la fecha, se han arrastrado una cadena de omisiones estructurales.
Recientemente, el caso se mantenía bajo el escrutinio de la Secretaría General de Gobierno del Estado mediante mesas de diálogo, e incluso el expediente ya había sido canalizado a nivel federal ante la Secretaría de Gobernación (Segob), la Sedatu, la Procuraduría Agraria y la propia presidencia de la República, para ya darle resolución.
La complicidad del ayuntamiento
El predio se ubica estratégicamente a escasos 200 metros de la cabecera municipal de Tampamolón Corona, lo que en los últimos años ha despertado una fuerte ambición comercial y el interés de supuestos propietarios por impulsar desarrollos urbanos privados a costa del despojo comunitario.
Al respecto, González Gómez explica que las inversiones de vivienda que tiene planteado los gobiernos federal y estatal, despertaron la codicia del ex diputado local José Antonio Zapata Meraz, quien ostenta con una escritura haber comprado el terreno, pese a que nunca ha tenido en posesión, y con el aval de la presidenta municipal, Silvia Medina, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), convalidó el despojo.
“Plantean una inversión para hacer mil viviendas según ellos, nosotros le preguntamos, ‘¿Y por qué no vende un rancho de la presidenta de los que ha comprado últimamente?’ o a otro de los rancheros que están ahí, ¿porqué van a joder a los indígenas? Como siempre todo el mundo trata de aprovecharse de la humildad, de la falta de recursos, de falta de poder en los pueblos originarios, y en esta ocasión los llevó a ejercer la fuerza bruta sobre ellos, lo rechazamos totalmente (…). Liberaron una orden de aprehensión sin haber citado a declarar jamás a nadie y con base en eso los detienen”.
Este acto de represión ha roto la paz social en el municipio de Tampamolón Corona, generando un estado de indignación, zozobra y malestar entre los habitantes del pueblo tének y las organizaciones solidarias de la Huasteca Potosina.
Colectivos defensores de los derechos de la tierra alertan que el uso de la fuerza pública para favorecer los intereses económicos de desarrolladores urbanos particulares deslegitima el marco constitucional y traiciona las promesas de justicia social para los pueblos originarios.
CIOAC exige a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Gobernación la presentación inmediata con vida de las seis personas detenidas, el cese al fuego en el predio La Peña y el retorno inmediato a los canales legales y de concertación agraria.
