María Ruiz
Verónica Vargas Rivera guarda silencio un instante. Está parada bajo el sol, con las manos sobre una lona que lleva impreso el rostro de su hijo, y cuando habla, lo hace con una mezcla de entereza y tristeza.
Alan Michel Martínez Vargas desapareció el 26 de julio de 2021, junto con otros tres jóvenes potosinos, mientras viajaban rumbo a Tonalá, Jalisco. Iban contratados por MYSI, una empresa subcontratista, para trabajar en la remodelación de un hotel.
Salieron al amanecer en una camioneta de la empresa y desaparecieron en el trayecto, específicamente al pasar por Lagos de Moreno.
“Lo que estamos tratando es que sí nos tomen en cuenta… que nos tengan informadas de todo eso que está pasando, porque hay demasiada información que no se nos ha hecho saber”, dice Verónica, quien hoy forma parte del colectivo de familias buscadoras Voz y Dignidad por los Nuestros SLP.
Han pasado más de tres años sin respuestas, sin búsquedas activas, sin noticias claras del paradero de Alan ni de Calep, Israel y Jorge, los otros tres jóvenes que iban con él.
El rancho de la sospecha
En marzo de este año, el país volvió la mirada hacia el Rancho Izaguirre, ubicado en una pequeña localidad de Teuchitlán, Jalisco. Colectivos de búsqueda revelaron que el lugar podría ser uno de los centros de exterminio clandestino más grandes del país.
Ahí se encontraron pertenencias personales que podrían corresponder a decenas de personas desaparecidas.
“Nos han dicho que ahí encontraron cosas, pero al menos yo, de mi hijo, no he visto nada. No hay nada que diga que es suyo, ninguna pertenencia, nada”, afirma Verónica.
El rancho Izaguirre, símbolo de la brutalidad impune, no trajo respuestas para ella, solo más preguntas.
“Seguimos esperando que nos informen, porque hasta ahora todo sigue en averiguación”.
Jalisco: sin memoria judicial
Mientras madres como Verónica intentan reconstruir los últimos pasos de sus hijos, el sistema judicial de Jalisco no ha logrado siquiera consolidar una base de datos clara sobre casos de desaparición en la entidad.
Parte de la historia de desapariciones de estos cuatro jóvenes potosinos ha sido registrada en las relatorías ante autoridades federales como la Fiscalía General de la República, donde se ha señalado que hubo intervención de elementos de la policía municipal de Jalisco, lo que podría configurar un caso de desaparición forzada.
“Supimos que ellos tres bajaron a comprar comida y víveres, las cuales supuestamente no querían pagar. Y que el encargado de esta tienda de autoservicio llamó para pedir una patrulla, pero en lugar de la policía llegó un grupo armado que los retuvo, llevándose a cuatro de los siete trabajadores que viajaban juntos”, relataron las familias en 2021.
Una solicitud de acceso a la información (folio 140280224000943) presentada en octubre de 2024 al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco reveló datos dispersos e incompletos.
En la localidad de Tonalá, donde se presume que los jóvenes iban a trabajar, se reportaron 268 carpetas judicializadas por abuso de autoridad entre 2018 y 2024, pero solo 92 personas fueron vinculadas a proceso. No hay registro sobre acuerdos reparatorios ni sentencias definitivas.
Otros lugares, como Puerto Vallarta, Ameca u Ocotlán, entregaron cifras mínimas o nulas, y en sitios como Cihuatlán o Tlajomulco, simplemente se declaró que no hay registros.
El documento, firmado por el licenciado Salvador Cantero Pacheco, coordinador de la Dirección de Transparencia del Consejo de la Judicatura, confirma que la respuesta fue “afirmativa parcialmente”, debido a las limitaciones de los registros disponibles en los juzgados.
En resumen, el Poder Judicial no puede decir con certeza cuántos casos hay, ni en qué estado se encuentran, como si los archivos judiciales también desaparecieran a las personas.
Un periodo oscuro: los datos de la desaparición
Entre los años 2021 y 2023, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco recopiló información sobre desapariciones de personas, destacando el año 2021 como un periodo crítico debido a los casos relacionados con los jóvenes potosinos desaparecidos.
Durante ese año, se judicializaron 125 carpetas de investigación por desapariciones cometidas por particulares, de las cuales solo se emitieron dos sentencias. Además, se registraron 10 carpetas por desapariciones forzadas, con una única sentencia dictada. El 2021 marcó un contraste significativo en comparación con los años posteriores, pues aunque aumentaron las carpetas judicializadas, no se emitieron sentencias.
En 2022, las carpetas judicializadas por desapariciones cometidas por particulares ascendieron a 155, mientras que las desapariciones forzadas sumaron cuatro carpetas. Sin embargo, no se logró emitir ninguna sentencia en estos casos.
Para 2023, el número de carpetas judicializadas por desapariciones cometidas por particulares se incrementó a 166, y las desapariciones forzadas alcanzaron siete carpetas, nuevamente sin sentencias emitidas.
En total, durante este periodo de tres años, se judicializaron 467 carpetas de investigación, de las cuales 446 correspondieron a desapariciones cometidas por particulares y 21 a desapariciones forzadas.
A pesar de la gravedad de los casos, solo se emitieron tres sentencias en todo el periodo, todas ellas en 2021. Este rezago en la judicialización refleja una preocupante impunidad en torno a las desapariciones en el estado de Jalisco.
Las búsquedas suspendidas
Desde hace dos años, Verónica y las otras madres no han recibido apoyo para realizar búsquedas. Apenas han logrado coordinarse con colectivos de búsqueda en Jalisco para, en un futuro, poder acceder a las pruebas que dicen estar en manos de la Fiscalía General de la República, donde ahora radica el caso.
Solo tres de las cuatro familias potosinas siguen insistiendo. Una de ellas se retiró del proceso, pero Verónica continúa; no quiere que su hijo sea solo un nombre más en una lista.
Sobre la postura del Gobierno Federal ante esta problemática, Verónica no duda:
“Ellos no lo aceptan. Quieren tapar el sol con un dedo. Dicen que no hay tantos desaparecidos. Pero desgraciadamente, hasta que no les toque a ellos mismos, entonces sí van a entender lo que nosotros estamos viviendo”.
La historia de Alan y sus compañeros no es un caso aislado. Es parte de un patrón en el que se entrelazan la precariedad laboral, la desaparición forzada y la ineficiencia institucional.
Un país donde se ofrece empleo como carnada, se desaparece sin dejar rastro y se investiga con papeles incompletos. Un país donde las madres se convierten en buscadoras y las autoridades, en archivadores de incertidumbre.
Verónica no deja de hablar, aunque le falten respuestas.
“Actualmente, llevamos ya dos años sin que se nos otorgue una búsqueda. Es lo que estamos peleando ahora, que nos apoyen para poder realizar otra búsqueda y encontrar a nuestros hijos. Las autoridades no aceptan la crisis de desapariciones en México”.
