Actualmente el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia se garantiza en diversos cuerpos normativos internacionales, nacionales y locales que a su vez aterrizan en otras reglamentaciones como los protocolos de actuación para iniciar y dar seguimiento a casos de violencia de género en los distintos espacios en que las mujeres trabajan, estudian y participan o en su defecto en las normas penales que dan la posibilidad de denunciar.
Construir ese derecho de esta forma transversal no es un capricho, porque las agresiones son muy diversas y se padecen en todos estos ámbitos. Pero a pesar de las estadísticas y de las investigaciones que se han generado pareciera que la responsabilidad de actuar se restringe estrictamente a las propias mujeres, inclusive cuando se trata de la toma de decisiones ha sido mucho más determinante la participación de ellas como políticas o funcionarias que la de sus homólogos quienes no logran o no quieren asumir que en lo que toca a la transformación jurídica dirigida a garantizar la integridad y la vida de la mitad de la población no existen las medias tintas: o estás a favor de la igualdad o estas a favor de la violencia.
Desde luego, estar a favor del ejercicio de la violencia contra las mujeres no es algo que se diga abiertamente y ningún político saldría a presumir de su misoginia ni a señalar que es por sí mismo un agresor y sin embargo su gesto de rechazo hacía el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres, se suma a lo que ya algunos medios con perspectiva de género denominan complicidad machista, un conjunto de comportamientos que abarcan desde las omisiones más simples hasta la participación activa en situaciones de violencia.
María Villodres recientemente publicó para el diario El país algunos ejemplos desde la convivencia en redes sociales como la actividad de los grupos de Whats app en donde se comparten fotografías y videos de contenido sexual sin el consentimiento de las mujeres que allí aparecen además de burlas y chistes misóginos sin que ninguno de los integrantes se inmute, sino por el contrario se permite y se fomenta entre los hombres la cosificación de las mujeres aunque luego la sociedad se pregunte cómo es posible que se produzcan delitos como las violaciones tumultuarias, la difusión ilícita de imágenes y los abusos sexuales.
Pero si esto ocurre en el ciudadano común, ¿Qué sucede con las resistencias y la complicidad de los hombres en espacios de poder? Imagine las posibilidades que tiene una mujer víctima si en su escuela, o en su trabajo, o en su partido sus dirigentes o directores o sus jefes no creen que ella tiene realmente derecho a quejarse por alguna situación de violencia, o peor, si los cuerpos colegiados, los comités y los organismos responsables de investigar la situación la toman por escandalosa, o sí existe una clara parcialidad hacía el agresor, que generalmente detenta mucho más poder que la víctima. ¿Con cuál perspectiva de género van a intervenir? ¿Cómo negar que esta permisibilidad sea por sí misma un acto de corrupción? ¿Cómo negar que las resistencias y la complicidad machista no sean determinantes a la hora de abordar una situación? Pues claro que lo son y dónde hay una visión sesgada de nada sirve el mejor de los protocolos.
Y volvamos al primer ejemplo, ¿con qué calidad moral un político o un funcionario decidirá a favor de mis derechos siendo por sí mismo un agresor? Le diré que hasta la fecha lo legislado al respecto no se va sobre los peces gordos sino que apenas existen un par de disposiciones en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que prohíben la atención y el trabajo en los refugios a las personas que hayan sido sancionadas por ejercer violencia.
Tal vez debido a ese vacío, recientemente la activista Yndira Sandoval propuso una reforma constitucional para que los hombres que aspiren a una diputación o puesto en el gobierno presenten un 3 de 3: No ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor de mujeres. Sería tremendo que aunque no se apruebe los futuros candidatos la presentaran por sí mismos pero si fuese obligatoria ¿se imagina cuantos agresores saldrían a la luz?
Por supuesto que es muy importante comenzar a sancionar de alguna forma la complicidad machista, reprobarla por lo menos a nivel social, lo cual no puede suceder si los hombres que viven aquí no asuman de una buena vez su responsabilidad en el tema, pero también lo es para la ciudadanía conocer si los hombres que quieren el poder o que lo detentan están como dije, a favor de la igualdad o a favor de la violencia. A más ver.
Claudia Amaguer
Twitter: @Almagzur
