Por Claudia Espinosa Almaguer – @Almagzur
En 2023 la fundación de la Alianza Internacional Feminista de Mujeres (IMF) constituyó una labor de colaboración entre países de Latinoamérica y Europa con una agenda concreta destinada a denunciar entre otras cosas la explotación sexual que constituye la pornografía, la prostitución y la trata, la explotación reproductiva de los vientres de alquiler, la violencia feminicida prevalente en las regiones y el ataque sistemático dirigido a desaparecer a las mujeres como sujetas de derecho de los instrumentos jurídicos interiores y convencionales.
Filósofas como Amelia Valcárcel indican que el feminismo y sus causas principales se desarrollan de mejor manera en Estados democráticos cuyo deber de garante en derechos fundamentales provee un estándar de base para medir la eficacia de todo el sistema, en los buenos tiempos, de racionalidad, esa es la baza y en los malos tiempos como ahora, la denuncia, la investigación y el activismo feminista es una herramienta a la cual asirse para proteger a todas las mujeres tanto si son feministas como si no.
Quiero ser precisa aquí, lo que hicimos este año desde la IMF no se trató solamente de dar a conocer la realidad respecto de estos problemas, porque de entrada hemos tenido que definirlos como tales en oposición a unas políticas de género que desde los gobiernos actuales de la derecha y la izquierda neoliberales, simulan interesarse por ello pero ofertan a las mujeres, ciudadanas de pleno derecho, una categoría de segunda a excepción de aquellas gracias a cuyos discursos es posible legitimar la cosificación del resto, dígase aquí personajes como Irene Montero en España, Francia Márquez en Colombia o Nadine Gasman en México.
Desde luego no es lo mismo ser feminista que ser funcionaria, lo primero es una decisión que surge del convencimiento ético y político de que las mujeres somos seres humanos y por consiguiente contamos con una categoría de derechos inalienables y lo segundo surge de un nombramiento de caracter temporal para ejercer determinadas actividades en representación del Estado a cambio de un pago.
Pero eso sí, si el Estado en cuestión es Demoráctico, Social y de Derecho y se rige por una norma constitucional vinculada a instrumentos como la CEDAW y Belém Do Pará, cualquier ejercicio de esa función pública debe dirigirse a construir mejores condiciones para que las mujeres tengan un proyecto de vida, empleo digno, educación, salud, seguridad y desarrollo en la participación política del lugar en el que habitan.
Luego entonces, contrario e indebido, fuera de facultades, es ofertar a las mujeres de la región en lugar de todo lo anterior, que para vivir y comer “renten” su vientre o se prostituyan y que el Estado se sume al proxenetismo sexual y reproductivo de la delincuencia para ofrecer un destino a donde venir a violar mujeres y llevarse niños como parte de cualquier paquete turístico, sumando otro elemento de riesgo que tendrá como consecuencia el aumento de feminicidios en América.
Así, la labor que diera inicio en el mes de abril, consistió a nivel internacional en demostrar la realidad de la violencia y la explotación con un enfoque dirigido especialmente al continente americano, por ejemplo en Colombia, contamos con las voces expertas como Helena Hernández, Claudia Yurley Quintero, Victoria Argoty, Alejandra Vera y Sandra Rámirez Rave quienes compartieron la presión que se produjo sobre el gobierno para dejar de lado proyectos jurídicos encaminados a disminuir la dignidad de las mujeres.
Desde España, en noviembre, participó junto a nosotras Núria González López en la Jornada de Feminismo y Derecho en San Luis Potosí, México, quien luego fue invitada por el Congreso Federal para demostrar la vuelta a la esclavitud que se significan en los vientres de alquiler, como resultado de esa acción feminista, están a la espera de aprobarse iniciativas para sancionar esta práctica como lo que es, una forma de trata de personas.
De hecho en diciembre realizamos con la Universidad Multicultural un Primer Foro de Garantías Jurídicas de la Mujer, en el que estuvieron las doctoras Alicia Miyares y Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, quienes coincidieron en que la única forma de legislar la explotación reproductiva es a través del derecho penal. Esta posición de la IMF se hizo pública y es parte de de una carta que fue llevada por compañeras feministas a las Embajadas de México en España, Colombia y Chile además del Consulado en Barcelona, sumándose desde sus países a esta iniciativa de protección a las mujeres y a la infancia. Esta petición es nuestro punto de partida para 2024, por la vida y la libertad de las mujeres. Seguimos.
