La semana anterior, a razón de la agresión a la titular del Poder Ejecutivo, la Secretaría de las Mujeres a nivel federal presentó un plan destinado a combatir el fenómeno señalando entre otras cosas que sólo en una parte del país tenía previsto el acoso sexual como “delito autónomo” por tanto la propuesta sería esa y homologar el delito de abuso sexual para que sea “grave”. En horas previas, la propia Sheinbaum habló también de tipificar el acoso sexual callejero.
Es necesario aclarar estos planteamientos de orden legal, no sólo porque confunden a la ciudadanía acerca de conductas bien distintas, sino porque ningún punto de la estrategia es coherente con la crisis de violencia contra las mujeres en México.
Primero los conceptos. Sobre el acoso en la calle, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indica que es:
“Una forma de violencia que conlleva un abuso de poder respecto de la víctima, sin que medie relación alguna conla persona agresora. Se manifiesta a través de una conducta física o verbal de connotación sexual no consentida ejercida sobre una o varias personas, en espacios y medios de transporte públicos, cuya acción representa una vulneración a los derechos humanos”.
Esta definición se encamina a ser parte de programas de carácter preventivo porque sigue siendo acoso, pero se destaca el espacio público y así debería considerarse por parte de autoridades municipales, de comunicaciones y transportes e instituciones de las mujeres en las entidades federativas para evitar que se produzca.
Luego viene el ámbito penal. El acoso son conductas verbales o físicas de connotación lasciva puede ser un acto o varios, por parte de extraños o de personas conocidas como compañeros de trabajo o de la escuela, donde hay un abuso de poder que lleva a la indefensión y al riesgo para la integridad de la víctima.
El hostigamiento también se conforma de acto de asedio o solicitud de favores de naturaleza sexual, pero existe el agresor tiene aquí sí una ventaja, una jerarquía de poder con la víctima que potencia su capacidad de presión en espacios concretos.
Ambas conductas entraron a los códigos penales a partir de 2007 luego de la publicación de la Ley General de Acceso, que las define en su artículo 13. Luego entonces si la “autonomía” del delito se concibe cómo el mero hecho de que aparezcan no en uno sino en dos artículos, eso es absolutamente irrelevante para aplicarlo a un caso.
Ahora bien, lo que se vio en el video de la agresión, no fue acoso ni hostigamiento, fue abuso sexual porque hubo tocamientos en el cuerpo de la víctima. El antecedente de ese delito a finales de los años 70 se llamaba “Atentados al pudor”, ese nombre persiste en Estado como Aguascalientes.
Ante la seguridad con la que se afirmó que determinadas figuras no estaban he querido asegurarme, y revisando todos los códigos vigentes en la República cada uno tiene un tipo penal de Abuso Sexual con sanciones de 1 a 12 años de prisión y agravantes, si Usted abre ahora el del sitio donde vive, estará en el apartado destinado a proteger la libertad sexual junto con el acoso, el hostigamiento, el estupro y la violación.
Seguramente cada figura es perfectible, pero la del Código Penal Federal no es “ideal”, hablamos de una norma sumamente vieja con delitos intocados desde los años 30 que coexisten con otros más modernos que casi no se usan, como en este caso, por ser del fuero común.
Así que la propuesta de forzar a que todas las entidades tengan un delito igual que el federal no significa nada.
En cuanto al resto de las estrategias de “fortalecer” fiscalías, crear protocolos y hacer campañas, nada de ello abarca la reeducación de los poderes judiciales, dados a sanciones simbólicas y permisivas, o la inyección de recursos ya no para responder al acto de agresión que padeció la Presidenta, sino de cara al fenómeno de la violencia sexualque vive el resto de mujeres y niñas del país. Y es que las cifras que dieron a conocer se saben desde hace tiempo, ¿Cuáles exactamente?
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021 que publicó el INEGI estimó que de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, 70.1 % ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia sexual representa el 49.7 % y es la que más ha crecido desde 2016. En cuanto al perfil verdadero de víctimas característico del abuso sexual se indica:
“6.4 millones de mujeres de 15 años y más (12.6 %) vivieron situaciones de abuso sexual durante su infancia. De ellas, a 9.5 % le tocaron sus partes íntimas o le obligaron a tocar las partes íntimas de otra persona sin su consentimiento; a 4.7 % la intentaron forzar a tener relaciones sexuales; 4.0 % fue obligada a mostrar sus partes íntimas y/ o a mirar las partes íntimas de otras personas; 3.3 % fue obligada a tener relaciones sexuales bajo amenaza o usando la fuerza, a 1.4 % se le obligó a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos (fotos, revistas, videos o películas pornográficas) y 1.1% fue obligada a realizar actos sexuales bajo amenazas o usando la fuerza”.
Y efectivamente, este año se han hecho 6019 llamadas a 911 por incidentes de abuso sexual, en 2024 hubo 8043, principalmente de Baja California, Chihuahua, Edomex, CDMX, Sonora y Jalisco. Respecto al acoso y al hostigamiento se han registrado hasta ahora 9930 incidentes y el año pasado fueron 12923.
No obstante, nada de esto, parece ser suficiente para reconocer en la agenda nacional del Gobierno Federal, de que estas formas de violencia (junto con el resto de las que conforman la de carácter feminicida), ameritan acciones distintas a los mismos programas que se han propuesto desde el año 2000.
En realidad, el Presupuesto de Egresos de la Federación ha desatendido año tras año el Anexo 13 y no se han presentado cambios que develen una decisión distinta a la que en su momento tomó Andrés Manuel López Obrador: desviar el dinero a becas y no a la protección de las mujeres.
De tal modo, en los hechos, no habrá dinero para prevenir que agredan a las víctimas ni de estas ni de ninguna otra forma de violencia, no se darán recursos para brindar una atención en condiciones, o para cualquiera de las varias responsabilidades que asumió la Secretaría de las Mujeres al extinguir a otras instituciones como CONAVIM o INMUJERES, o ¿Usted ha sabido que pasa con la Alerta de Violencia del lugar en el que vive?
Si quisiéramos identificar cuál es la calidad del compromiso en este ámbito, por encima del discurso y las estrategias que aparentan resolver la pandemia de la violencia, pregunte cuánto dinero se dará a la Red Nacional de Refugios para evitar que las mujeres, niños y niñas que utilizan estos espacios caigan en manos de agresores que acaben con sus vidas: Ni un peso.
Claudia Espinosa Almaguer
