Columnista: Claudia Espinosa Almaguer
De acuerdo al comunicado 249/2022 publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el miércoles 6 de junio, Arturo Zaldívar en su carácter de Ministro Presidente se presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para entregar un proyecto denominado “Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio”.
Se trata de un documento de 51 páginas que acudiendo a sus propias líneas busca responder a la grave situación que enfrenta el país por el creciente número de víctimas ante acciones del Estado que han resultado insuficientes debido a la variedad de tipos penales vigentes y la falta de coordinación institucional, según este proyecto, bajo la consigna de “Ni una menos ni una más” se responde a las Observaciones del Comité de Expertas de la CEDAW emitidas en 2018 sobre sancionar penalmente el feminicidio.
Decidir por dónde tirar del hilo en este caso es elegir por cual mentira empezar. La presunta necesidad no es tal jurídicamente hablando lo cual hemos explicado en esta columna varias veces, amén de profundizar en ello, principalmente en el peligro que supondría darle cabida a esta propuesta en la estructura legal que garantiza en México el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, lo más indignante es el aplauso que está recibiendo el ministro por ir a entregar semejante mamotreto, completamente fuera de las atribuciones que tiene su función establecidas en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Inicio por donde lo hace el propio documento que en su párrafo octavo alude a la “tradición de la Corte para usar el arte para denunciar injusticias” para mencionar que produjo la serie “Caníbal “Indignación total” transmitida por el canal 22, Justicia TV y el Canal de las Estrellas de Televisa; en donde presume que fue vista por 27.6 millones de personas, lo cual habría generado “un cambio de conciencias”, un convencimiento y una motivación que dio lugar a la propuesta.
Todo el performance ha sido respaldado en medios de comunicación que tradicionalmente no abordan el fenómeno de la violencia feminicida, mismo caso de personajes políticos, abogados y columnistas del espectáculo, al parecer el “acierto” de Zaldívar ha sido “meter una marca” que no había jugado nadie, es decir, usar un formato de lo que se conoce como “true crime” para impactar a las grandes audiencias.
Efectivamente, a nadie se le había ocurrido usar un cargo como es la presidencia de la Corte, un recurso público y un caso extraordinario de perfil feminicida para promocionarse políticamente mediante un género televisivo que tradicionalmente no considera a las víctimas porque tiene fines de sensacionalismo y morbo, como la revista Alarma o la nota roja, inmisericorde, vulgar, bañado en sangre.
Desde luego no iba a ser un feminicida cualquiera el elegido, entre los que actúan mediante la impunidad social y del Estado, tenía que ser uno que vendiese todas las entradas y qué mejor que la historia de un “monstruo” que pasó desapercibido, con su cuarto de los horrores y su gusto por comer gente, ha sido un excelente negocio atraer a las audiencias con la idea de un Hannibal a la mexicana.
Apenas en el mes de junio la Corte recibió un espaldarazo desde la Organización de Estados Americanos al recibir un premio de buenas prácticas para el liderazgo de las mujeres que fue apoyado por representaciones de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil a pesar de que ha decidido contrariamente a los derechos de las mujeres como ocurrió con el tema de los vientres de alquiler en la legislación de Tabasco, en donde claramente se posicionó a favor de que las empresas intermediarias y compradores extranjeros pudiesen entrar a usar a mujeres pobres para la explotación reproductiva, instando a otras entidades a hacer lo mismo.
Siguiendo la misma línea, esto va de instrumentalizar ciertamente, de hacerse pasar como el más feminista de los señores porque visto está que en este país eso causa una fama pública y un reconocimiento en ellos como no sucede con ellas cuando exigen en propia voz.
Tal y como indica la propuesta de Zaldívar las mujeres han clamado por justicia desde el primer día que comenzó el fenómeno feminicida en Ciudad Juárez, pero a lo largo de estos 29 años la denuncia, la organización, la investigación y el análisis no sólo del feminicidio sino de su íntima vinculación con otras agresiones de carácter misógino han sido elaboradas por feministas que pusieron a las víctimas al centro ya que por entonces México ni siquiera contaba a las mujeres asesinadas, no había legislación ni referentes, ni medios interesados en averiguar lo que estaba sucediendo.
Y sin embargo su ley pretende pasar por encima de la estructura jurídica construida con enfoque feminista vigente en México desde 2007, aquí a diferencia de otros países que unificaron este tipo de legislación en un solo instrumento, la política destinada a conceptualizar los tipos y ámbitos de la violencia, las obligaciones de las autoridades, la Alerta de Violencia de Género y las órdenes de protección se encuentran en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en tanto que el tipo penal de feminicidio está dentro de los códigos y las formas concretas de indagación del hecho, al interior de protocolos para operadores que también ya existen.
Allí mismo el proyecto se justifica en aras de cumplir con la petición de las Observaciones finales sobre el noveno informe periódico emitidas en julio de 2018 por el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), esa recomendación pide a México que:
“Vele por que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el Estado parte y garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio”
Precisamente debido a que el ámbito del Derecho tampoco se hizo cargo de analizar el feminicidio, este deviene de la unificación de diversos constructos teóricos desde las ciencias sociales hasta alcanzar a constituirse como una figura que inició su proceso de tipificación el 21 de diciembre de 2010 en el código penal de Guerrero y concluyó el 12 de septiembre de 2017 con la norma de Chihuahua, es decir, la recomendación está cumplida y aunque han sido modificadas por motivos de fama política como coincide también en este caso, han conservado cierta lógica común: el feminicidio es la privación de la vida de una mujer por razones de género, y el hecho de ser mujer se significa en la observación biológica del sexo, es decir la víctima es la hembra de la especie humana asesinada por motivos de discriminación sexual, de estereotipos de género que constituyen una forma de odio como es la misoginia develada dentro del contexto de cada asesinato.
Sin embargo la ley de Záldivar define a la mujer como cualquier persona, sin importar su edad del sexo femenino o que se autoperciba como mujer y contiene cuestiones procedimentales que duplican otras normas relevantes como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y también las atribuciones de la Ley General, desligando a las autoridades de su deber y dando pie a que las defensas de los imputados por feminicidio aludan a otras normas sustantivas como el homicidio simple, si la privación de la vida de una mujer es lo que sea y la mujer misma se define así, es dable argumentar otra vez una pena menor.
En cuanto al delito de feminicidio del proyecto, se borra la denominación de razones de género y se combinan supuestos que ya están legislados junto a otros como que la víctima sea “trabajadora sexual”, que se ejecute en situaciones de guerra, con motivos de ejercer su derecho a recibir una remuneración mayor entre otras hipótesis que suman 17 más un supuesto a quienes impidan la practica del aborto dirigido a personal administrativo, médico o de enfermería. La pena oscila de los 40 a 60 años de prisión con posibilidad de aumento en otras 10 fracciones en donde se repiten circunstancias previamente referidas, por consiguiente, la figura acaba en un esfuerzo que raya en la ignorancia absoluta de la aplicación del derecho, es una entrega al populismo penal que nos regala el ministro sin ser diputado.
Lo más preocupante es que en lo que la serie que ensalza a un asesino es vista como un esfuerzo de concienciación y esta propuesta de ley como una aportación relevante, la verdadera violencia feminicida no cesa, las obligaciones vigentes no se cumplen y la política elaborada por décadas ha sido vaciada del recurso necesario e indispensable para funcionar.
Es decir, desde 2015 se han contabilizado 5917 víctimas de feminicidio, 18,747 de homicidio doloso y más de la mitad del país tiene declaratorias vigentes de Alerta, sin embargo la otra recomendación de la CEDAW que exige al Estado velar por que se capacite de manera sistemática y obligatoria a jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, agentes de policía y otros funcionarios y funcionarias, encargados de hacer cumplir la ley, en los planos federal, estatal y local, acerca de los derechos de la mujer y que constituye la verdadera causa por la cual no se aplica de manera eficaz el delito, permanece incumplida.
En un país como este, de ignominia constante, puede acudir a cualquier área dedicada a dar atención a las mujeres víctimas, a cualquier refugio o Ministerio Público y son insuficientes los recursos humanos y materiales para la cantidad de agresiones de todo tipo, no hay manera de paliar esta sangría conformada por la violencia contra nosotras que ya era una pandemia y que acabó de torcerse después de la emergencia sanitaria. ¿Cuántas hojas? ¿Cuánto personal? podría haberse empleado con la cantidad no sabida que usó la Suprema Corte en promover a su presidente. Eso es lo que queremos averiguar, aunque siguiendo la lógica del espectáculo poco interesa, porque el asesinato brutal de miles de víctimas las feministas la hemos “vendido mal” y hasta ahora llegó el ministro a corregir la plana.
A más ver.
Claudia Espinosa Almaguer
