Hoy vamos a continuar con el análisis la Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí cuya declaratoria se emitió el 21 de junio de 2017 para los municipios de San Luis Potosí, CD. Valles, Matehuala, Soledad, Tamazunchale y Tamuín con una población de acuerdo al último censo de 2020 de 1 millón 657 mil 555 habitantes en donde las mujeres constituyen el 51.4% de la población.
En el contenido de la declaratoria justo se solicitó al Estado, que produjera acciones en materia de seguridad, prevención, justicia y reparación, además de visibilizar la violencia contra las mujeres, es decir crear programas específicos y de carácter extraordinario. Lo que vamos a encontrar en ese documento va desde reforzar patrullaje e instalar alumbrado público, hasta crear módulos de atención inmediata, tener un diagnóstico estatal sobre tipos y modalidades de violencia o revisar el estado de la legislación relacionada a derechos de mujeres y niñas.
Para el 30 de junio de 2017 se instaló formalmente un grupo de trabajo interinstitucional para implementar la Alerta conformado por instituciones, academia y sociedad civil con nombres y apellidos, coordinado desde la Secretaría General de Gobierno cuyo titular declaró que se conformarían 3 mesas de trabajo que en 3 días presentarían propuestas, aunque por el momento no había una cantidad exacta del dinero que iba a invertir el Estado en la implementación:
“Esto no es cuestión de recursos, es cuestión de voluntades, se necesita capacitación, acompañamiento, médicos, psicólogos, psiquiatras, el recurso sería solo cuando lo señale una recomendación de reparación del daño”
Esa carencia también estuvo presente en la emisión de otras AVG vigentes en México y era del conocimiento del organismo responsable de la Secretaría de Gobernación, por lo tanto, el 19 de abril de 2018 publicó una convocatoria para recibir recurso federal por aproximadamente cien millones de pesos, del cual podían beneficiarse las entidades federativas a través de sus dependencias, órganos desconcentrados, órganos descentralizados, Fiscalías o Procuradurías mediante proyectos dirigidos a cumplir medidas de seguridad, prevención y justicia tales como:
- Creación y fortalecimiento de los Centros Especializados para Erradicación de las Conductas Violentas.
- Elaboración de estudios y diagnósticos sobre los tipos y modalidades de violencia.
- Protocolo Alba, y acciones para la búsqueda y localización de mujeres, niñas y adolescentes.
- Evaluación de la implementación de los protocolos de investigación, sanción y atención con perspectiva de género, así como de los generados para emitir órdenes de protección y buscar y localizar mujeres desaparecidas, entre otros.
Hasta ese momento, no se había demostrado en San Luis Potosí voluntad para tomarse en serio la implementación de este mecanismo, a pesar de los boletines de la Secretaría General que dieron a conocer la participación del estado en las convocatorias federales de 2018 a 2020, no podría afirmarse que la mera publicación de los proyectos en la página oficial se significaría en actos de transparencia para que la población pudiese comprender sin ser experta, las acciones realizadas y la única medida que no necesitaba dinero, consistente en dar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres se dio el 31 de agosto de 2018 en un evento de la policía federal, es decir como algo accesorio y sin el protocolo adecuado.
Esta minimización desde el poder no es nueva, ya habíamos planteado que las AVG son un mecanismo jurídico concreto, pero también que a nivel político es el reconocimiento de la existencia de la violencia feminicida de la cual, el número de asesinatos violentos de mujeres es apenas la cúspide visible de un fenómeno grave que llevaba años sin ser atendido adecuadamente y que todavía cuenta con detractores entre los propios obligados a cumplir con sus medidas. Concluimos en la siguiente columna.
Claudia Espinosa Almaguer
