A lo largo del mes de abril hemos escrito acerca de la Alerta de Violencia de Género vigente en San Luis Potosí desde junio de 2017, una declaratoria que luego del último informe al Grupo de Trabajo responsable de vigilar el cumplimiento de sus medidas, no ha sido retomada por parte de las autoridades, como es su obligación.
Hoy concluimos y el análisis de lo que nos llevó a la declaratoria de la AVG no puede reducirse a una jerga legal, sino a una lectura política y social de un fenómeno que ha sido sistemáticamente ignorado en la entidad desde los organismos, las instituciones y los personajes con más micrófonos al alcance, porque fueron hombres los que manejaron la implementación de la Alerta y muy seguramente los que en su momento recomendaron al ex gobernador Juan Manuel Carreras dar su mensaje de cero impunidad con la misma seriedad de quien vocea en el súper la vigilancia del área de juguetería.
Insisto, la misoginia que no pesa, no hay prisa de resolverla.
Todos los gobernadores potosinos al menos desde 2007, por marcar un punto de partida, han tenido la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y se han retirado del poder todavía con esa deuda que ha ido creciendo hasta volverse insoportable, recordemos otra vez el concepto de violencia feminicida como el resultado final de múltiples conductas que al ser toleradas por el Estado y la sociedad, constituyen violaciones a derechos humanos y ponen en riesgo la vida.
Estos comportamientos de odio han sido constantes. En 2006, INEGI publicó los resultados de su Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), para San Luis Potosí resultó que poco menos de 507 mil mujeres declararon haber enfrentado violencia de su pareja de las cuales 56 mil fueron atacadas de manera grave, es decir, 51,7% necesitaron atención médica, 45.9% fueron pateadas por su esposo o pareja; a 29.3% de ellas las amarraron y padecieron intentos de ahorcamiento, asfixia, fueron atacadas con cuchillo o navaja o les dispararon con un arma de fuego.
Además, sólo un 21.8% de mujeres presentó denuncia, la causa de que el otro 78.2 % no lo hiciera se debió a que no lo consideró importante, creyó que su pareja tenía derecho a agredirla, sintió miedo debido a amenazas, tuvo vergüenza, no quiso que su familia se enterara o no confió en la autoridad.
Hacía la emisión de la ENDIREH 2011, se indica: “Ninguna característica sociodemográfica puede definir a la mujer violentada. Las mujeres maltratadas y los agresores existen sin que puedan explicarse por nivel económico, escolar, edad, etc., ya que el maltrato a las mujeres por parte de su pareja ocurre en cualquier ámbito social y económico”.
En esa publicación, 78 de cada 100 mujeres casadas o unidas fueron violentadas por su pareja en el año anterior y otra vez, el maltrato más frecuente fue de tipo emocional, conductas ejecutadas para mantener una posición de dominio como no dirigirles la palabra, acusarlas de infidelidad, compararlas con otras mujeres o someterlas a menosprecios y humillaciones.
Sobre la violencia severa, más de 52 mil fueron víctimas, el acto más común consistió en lesiones que resultaron en cortadas, quemaduras, pérdida de dientes, abortos, fracturas, la pérdida de movimiento de alguna parte del cuerpo y hasta de miembros de su familia. Las exparejas, se volvieron otro agresor representativo, fueron señalados por causar ataques sexuales, patadas, ahorcamientos, heridas de arma blanca y arma de fuego que orillaron a muchas víctimas a considerar quitarse la vida.
Aunque para entonces San Luis ya tenía Ley de Acceso y había actualizado su norma penal, las herramientas jurídicas no fueron aplicadas por todas las autoridades responsables, siendo el poder judicial el gran indiciado de faltar a sus obligaciones de formarse en derechos de las mujeres. El feminicidio ya era un delito, pero no se contabilizó públicamente hasta 4 años después, en 2015. Es hasta entonces que se solicitó la Alerta.
Más recientemente, la ENDIREH de 2016 dio cuenta de que, en San Luis Potosí, de poco más de un millón de mujeres de 15 años y más, 587 mil habían sido agredidas en algún momento de su vida. Entre aquellas casadas o unidas, nuevamente su agresor principal fue la pareja o esposo y las violencias severas tuvieron 374 mil víctimas y había 94 mil mujeres con la vida en riesgo inminente. Así mismo, 195 mil mujeres fueron sometidas a intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual por parte de un agresor distinto, en el trabajo, en la escuela, en un espacio público, por compañeros, maestros, autoridades, patrones, familiares, conocidos o extraños.
A este escenario debemos sumar el ingrediente ineludible que fue la pandemia de COVID 19, porque durante dos años se ralentizó el momento en que las autoridades entraban a conocer de la existencia de las víctimas, es decir, todas las formas mediante las cuales el Estado atiende, desde las emergencias médicas hasta las denuncias, las llamadas al 911, las peticiones de apoyo a DIF, las consultas psicológicas, etc., estuvieron restringidas o distraídas por el nivel de emergencia y las medidas de distanciamiento y encierro para contener el avance del coronavirus.
Si eso pasa en un abandono digamos, involuntario o atípico, imagine lo que es no querer asumir esta parte de la responsabilidad política destinada a proteger a más de la mitad de la población que habita en el Estado.
Todavía debemos añadir que actualmente tenemos las condiciones de solicitar una segunda declaratoria de alerta como sucede con algunas entidades como el Estado de México, Guerrero y Veracruz, debido a la existencia de un agravio comparado que impide el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en San Luis Potosí, compuesto por más de una omisión de legislar desde el Congreso del Estado en materia de interrupción legal del embarazo e instrumentos para prevenir, atender y sancionar la violencia feminicida.
Comenzamos estas columnas con dos preguntas, ¿Qué significa en un tiempo y territorio determinado la muerte violenta de una mujer? ¿Qué tiene que pasar para llegar a ese momento? Es dable creer, habida cuenta de estas graves omisiones que continuamos documentando, que cada uno de los actos de violencia, acoso, violación y asesinato que no han faltado ni un solo día desde hace casi dos décadas, sencillamente no importen y que se sigan dedicando ferozmente, a mirar para otro lado. Pero seguirá costando la vida de niñas y mujeres potosinas. ¿El precio es poco?
A más ver.
Claudia Espinosa Almaguer
